La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y su par de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, acordaron desalojar a los ocupantes de un complejo habitacional de Villa Soldati en el marco de un acuerdo en el que la Corte Suprema dispuso el cumplimiento del fallo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien ordenó llevar a cabo el procedimiento en marzo pasado.
Ambas partes acordaron que primero persuadirán a la gente a retirarse del lugar con la promesa de alojarlos en centros de atención transitoria de la ciudad y censarlos y en caso que se nieguen “serán trasladados obligatoriamente” por la Policía Federal, informaron a DyN fuentes judiciales.
Garré, la viceministra de seguridad nacional, Cristina Caamaño, Montenegro y funcionarios de la ciudad tuvieron una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, quienes le acercaron una propuesta para llevar a cabo el desalojo y les recordaron que “los fallos judiciales se deben cumplir”.
El gobierno nacional argumentaba que, al tratarse de un delito de usurpación, la competencia era de la Policía Metropolitana, mientras que la administración de la Ciudad sostenía que era la Policía Federal la que tenía la capacidad operativa de llevar a cabo el desalojo.
El procedimiento conjunto acordado se realizará en día y horario que ambos gobiernos dispongan, pero voceros señalaron que si la decisión se demora, la Corte fijará la fecha.
Un vocero del máximo tribunal recalcó que no se le entregará plata ni nada a cambio a quienes dejen el lugar y, así, advirtió sobre las organizaciones que lucran con las ocupaciones, lo que ha ocurrido en otros casos como la toma del Club Albariño, en Lugano.
Los monoblocks ocupados se encuentran en la avenida Castañares y las calles Lafuente y Portela, y fueron destinados a los habitantes de las villas “El Pueblito” y “Luján” de esta ciudad, en el marco del plan de relocalización de las personas que viven en los márgenes del Riachuelo.
Se trata de personas que viven “en condiciones de extrema peligrosidad para la salud”, entre los que se encuentran chicos y gente enferma.
“Es un problema social extremo, no se puede tratar como un delito de usurpación. Hay gente pobre de un lado y del otro, por lo que hay que buscar soluciones razonables”, explicó un vocero de Corte sobre la situación de los ocupantes del predio y de los asentamientos.
En el máximo tribunal se mostraron satisfechos con el acuerdo, “actuamos como mediador institucional”, y recalcaron que todos los fallos judiciales se deben acatar.
“El mensaje es claro, no se puede ocupar un predio sin que haya un derecho”, señaló.
El acuerdo –que será homologado hoy por la Corte– establece que primero el Gobierno porteño realizrá “una instancia de mediación, con la finalidad de persuadir a los ocupantes que abandonen el lugar, con un censo de salida con la posibilidad de ser alojados en dispositivos de atención transitoria del gobierno de la ciudad en los casos que no tenagn donde reubicarse”.
Los ocupantes, se calcula que son 120 pero no hay cifra exacta porque no se dejaron censar en marzo, recibirán comida, agua y asistencia médica en el caso que lo requieran y serán censados para establecer si tienen beneficios sociales como jubilaciones, asignaciones, subsidios, empleo o inmuebles.
Para llevar a cabo la mediación los funcionarios contarán con el apoyo de la Policía Metropolitana que actuará desarmada y deberá filmar el operativo.
“Se fijará un plazo de horas a fin de que los ocupantes que manifiesten su voluntad de desocupar el lugar, y si hay negativa, serán trasladados obligatoriamente”, señala el acta firmada.
Si eso ocurre, el gobierno nacional, a través de la Policía Federal o Gendarmería, formará un cerco que “impida otras ocupaciones y evite agresiones a los mediadores”, que se mantendará hasta “que las viviendas sean efectivamente entregadas a los habitantes de los asentamientos El Pueblito y Luján”.
En caso de que haya negativa a desocuparlo, la Policía Federal deberá desalojar el predio y detener a los ocupantes, para lo cual el juez Armella y el fiscal federal estarán en permanente contacto con los responsables del operativo.
