Mientras la Justicia avanza con la investigación sobre la violación a los archivos confidenciales de las declaraciones juradas de una treintena de jueces, desde la oposición salieron a pedir un rápido esclarecimiento. Sobre todo apuntando a que entre los involucrados están los tres jueces del tribunal que está juzgando a Cristina Kirchner en el marco del juicio oral y público por el direccionamiento de la obra pública, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
El fiscal Ramiro González ya recibió ayer el expediente para avanzar con la investigación, mientras que el titular de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosa-tti, convocó a una reunión de urgencia para el próximo martes de ese organismo.
Patricia Bullrich, presidenta del PRO, fue una de las encargadas de salir a advertir la importancia del caso. “Uno no puede dejar de preguntarse ¿quién puede estar interesado en conocer la situación patrimonial de los que tienen que juzgar uno de los casos de corrupción más graves de la historia? Esto exige una investigación profunda y una respuesta urgente”, tuiteó.
Paula Oliveto, diputada de la CC, también se expresó: “Esto es una de las formas que tienen los delincuentes para condicionar a los jueces que deben juzgarlos. Asusta la impunidad, autoritarismo y violencia. Los jueces tienen que resistir las presiones y darnos a los argentinos justicia”.
El extraño episodio se registró en las últimas semanas en el edificio de la administración del Poder Judicial de la Nación, en pleno centro porteño.
La puerta de una oficina donde se guarda información clave de todos los jueces y juezas federales fue encontrada abierta tras el feriado extralargo por el Día de la Bandera y la conmemoración de la muerte del General Güemes.
El hecho se registró en la sede ubicada en la calle Sarmiento al 800. El martes 21, al volver al lugar, trabajadores y funcionarios que se desempeñan allí advirtieron que la oficina estaba abierta, algo que de entrada encendió las alarmas.
La situación no tardó en ser informada por la titular de la dependencia al presidente del Consejo, Rosatti, quien le ordenó que haga la denuncia de inmediato.
Es que en la oficina en cuestión se guardan las declaraciones juradas reservadas de todos los jueces. De ese modo, se trata de uno de los lugares más sensibles del Poder Judicial.
Así las cosas, buscan determinar cómo fue que la puerta terminó abierta y si efectivamente alguien entró allí durante el fin de semana. La causa federal quedó radicada en el Juzgado de Daniel Rafecas, con el impulso de la Fiscalía N°1 de Comodoro Py, subrogada por Ramiro González.
Fuentes tribunalicias confirmaron que desde el día uno se investiga el hecho y que, entre otras medidas, se ordenó un arqueo que arrancó esta semana. El objetivo es determinar si hay algún faltante de documentación, algo que, indicaron, hasta el momento no ocurrió.
