El Grupo Clarín y el Estado Nacional presentaron recursos ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal sobre el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso, que avaló los artículos cuestionados de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mientras la empresa apeló ese dictamen, el Gobierno argumento que el multimedio no está afectado por el pleito.
Clarín presentó un escrito de 180 páginas a las 9.20 de hoy en el que alegó "arbitrariedad" en el fallo de primera instancia, a pesar del cual la ley aún no está plenamente vigente.
El grupo presidido por el CEO Héctor Magnetto sostuvo que el juez Alfonso incurrió en "arbitrariedad" al no tratar las cuestiones de hecho y prueba planteadas en la demanda original. El texto argumentói, además, que el magistrado "abdicó" de realizar el control de consitucionalidad y ni siquiera evaluó los presuntos "perjuicios negativos para el mercado audiovisual y la libertad de prensa" que implican los artículos 61 y 45 de la Ley.
La apelación explicó cómo, de acuerdo a las pruebas "omitidas" por el juez, las limitaciones de la Ley de Medios configuran "un avance contra la libertad de expresión y el derecho a la información", al restringir a los medios audiovisuales que no usan espectro radioeléctrico, como el cable.
"El juez considera que la libertad de prensa se aplica únicamente a los medios gráficos", contradiciendo jurisprudencia local, internacional y la de Corte Intermericana de Derechos Humanos, consideró el texto presentado por Clarín según la agencia DyN.
Por otro lado, también desarrolló los argumentos por los cuales expresó que la norma "afecta el derecho de propiedad" y cuestionó "el tratamiento de la naturaleza jurídica", pues -arguye el grupo empresario- el magistrado analizó la cuestión como concesiones de servicios públicos".
El escrito descartó ese encuadre jurídico y refutó que las licencias puedan ser "revocables", tal como sostuvo el magistrado en los fundamentos del fallo que avaló la "cláusula de desinversión" y el tope a la cantidad de licencias que puede poseer cada grupo.
Sin licencias. Por su parte, la Jefatura de Gabinete y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) presentaron poco después de las 8 de la mañana los argumentos del Gobierno, en un escrito más breve que cuestionó la "legitimación activa" del Grupo Clarín para ser parte del expediente.
Según ese argumento, el "Grupo Clarín" como tal no es adjudicatario de licencias sino que, a tres años del comienzo del pleito, expuso que las frecuencias audiovisuales están a nombre de otras sociedades que pertenecen al conglomerado, pero que funcionan como una razón social diferente. En consecuencia, según ese razonamiento, el Grupo en sí no sufre "agravios" por la aplicación de la Ley de Medios.
Se trata de un "monopolio de hecho, pero no de derecho", expresó el Gobierno en su escrito.
El tribunal de feria de la Cámara debe aún girar esos fundamentos a cada una de las partes, que tendrán ahora un plazo de diez días hábiles para refutar los argumentos. Sólo entonces la causa estará en condiciones de pasar a "autos para sentencia" de segunda instancia. El Tribunal no tiene plazos fijados para pronunciarse, aunque la Corte Suprema le recomendó a fines de 2012 que emita una sentencia a la mayor brevedad posible.
