lunes 06 de febrero de 2023
POLITICA LOS CHATS DEL "PARTIDO JUDICIAL"

Operación Página 12: Alberto Fernández abrió investigaciones y denuncias por "promiscuidad antirrepublicana"

El presidente adelantó que instruyó al Ministerio de Justicia para que "se investigue penalmente" el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido.

05-12-2022 21:24

El presidente Alberto Fernández denunció la "promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios" y recordó que Argentina "necesita funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros" después de que se revelaran chats de Telegram en los que jueces, fiscales, funcionarios de la oposición y empresarios de medios coordinaron difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis.

En ese sentido, el mandatario anunció que solicitó abrir una investigación penal sobre el viaje en cuestión y la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. Además, explicó que solicitó al Frente de Todos a presentar el pedido de juicio político a los funcionarios porteños involucrados y apurar al Congreso en el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.

Audios y chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios de medios para ocultar un viaje a Bariloche

La publicación de los chats abrió un escándalo sobre la presunta recepción de "dádivas" por parte de dos jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que los chats constituyen "un escándalo como nunca antes había sucedido desde el retorno de la democracia".

"Parece evidente que el viaje existió", dijo Fernández. "Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público", agregó.

Las indicaciones que habría recibido la fiscal de Bariloche para no investigar el viaje de jueces y funcionarios

Y agregó: "Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido".

En ese sentido, el mandatario afirmó que la filtración de los mensajes expuso "el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales" para así obtener "favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas". Sumado a esto, denunció que "otros propician la persecución de aquellos que los enfrentan".

Fernández calificó el hecho como una evidencia más del "deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios". En esa línea, los acusó de estar involucrados en un "perverso juego" de sobornos que "afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia".

Quién es Julián Leunda, el asesor de Alberto Fernández ayudó a tapar la reunión en Bariloche

Si bien el presidente no ignoró el hecho de que el evento se hizo público a través de la filtración de mensajes privados, aclaró que "eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes". A raíz de lo sucedido, mantuvo el optimismo sobre que se "tome conciencia de la gravedad de los hechos".

Sumado a esto, se mostró apenado por la "promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios", a la que acusó de "lastimar a la democracia". En ese sentido, sostuvo que era momento de finalizar con la impunidad de estas figuras: "Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas".

Denunciaron a todos los jueces que viajaron a Lago Escondido: "Hay que replantear qué jueces queremos"

Con respecto a su decisión de realizar una cadena nacional, el mandatario explicó que se debe a que "es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido".

Las cuatro decisiones para reparar la "institucionalidad de la República"

Ante el hecho, el cual Fernández calificó como una "práctica que daña la institucionalidad de la República", el mandatario llamó a decir "Nunca Más" a este tipo de procedimientos. Para ello, resolvió:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.

El discurso completo de Alberto Fernández por cadena nacional

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.

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