En medio del clima festivo por el Año Nuevo, Alberto Fernández decidió embarcarse en una aventura de difícil concreción sin las espadas parlamentarias suficientes y con escaso margen de negociación con la oposición. El anuncio del juicio político al presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti tiene el apoyo de los gobernadores peronistas y por ahora sólo hay expectativas de ver cómo se canalizará lo planteado en su carta.
El escándalo por la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro con Silvio Robles, director de la vocalía de Rosatti en la Corte y hombre de confianza del cortesano fue la gota que rebalsó el vaso. Y ese vaso había quedado repleto cuando el Máximo Tribunal hizo lugar a la cautelar pretendida por el Gobierno porteño para que Nación le entregue el 2,95% de los fondos coparticipables.
La decisión de encarar el juicio político tiene en su mayoría una carga puertas adentro del Frente de Todos. Ocurre que hace meses que los sectores más duros del kirchnerismo vitorean consignas en contra de la Corte Suprema, a favor de la destitución de sus miembros y de una ampliación de la cantidad de integrantes del Máximo Tribunal.
Alberto Fernández dijo que no llamó a Cristina Kirchner por el pedido de juicio a la Corte
Ese último punto quizás es una muestra del destino más probable que puede tener un proceso de juicio político con el estado actual de las cosas.
Es que en septiembre pasado, el proyecto para ampliar la Corte invadió de titulares los medios de comunicación y logró instalarse entre la dirigencia, después llegó al Congreso y obtuvo la media sanción del Senado con 46 votos a favor y 33 en contra.
Todo quedó apenas en una foto y a otra cosa. El tratamiento en Diputados nunca fue posible hasta el momento por la sencilla razón de que el Frente de Todos no tiene los votos necesarios y no consiguió el apoyo de aliados, con los que tampoco lograría una posición holgada.
Qué necesita el Frente de Todos para el juicio político
Pero el panorama se pone todavía más complicado con el juicio político debido a que el proceso requiere la convalidación de los dos tercios de la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado con la misma exigencia. Cómo lograr ese número con un proyecto tan álgido es la pregunta que se hacen los integrantes del Frente de Todos en general y del bloque de Diputados en particular.
La certeza es una: sin el número previsto por la Constitución no hay juicio político que avance y sin capacidad de negociar con la oposición tampoco. Así, el proyecto podría naufragar tal como pasó con el que buscaba la ampliación de la Corte Suprema.
En la oposición también lo tienen en claro, y la postura casi que no permite un análisis respecto de la posibilidad de que Rosatti haya o no cometido alguna de las inconductas previstas en las causales de juicio establecidas por el sistema democrático.
Alberto Fernández empieza el año redoblando el ataque kirchnerista a la Corte Suprema
"Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la Corte con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos", expresó vía Twitter el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri.
"En ninguno de los dos casos (Diputado y Senados) el Gobierno tiene los dos tercios necesarios. Sería muy bueno que los gobernadores trabajen intensamente en los asuntos que hacen a la agenda del federalismo y no se prendan en este zarandeo institucional inconducente que le hace mal a la Argentina. Los motivos que expuso el presidente no son sólidos", dijo el diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, del Interbloque Federal, en Radio La Red.
Cómo es un juicio político
No es la primera vez que en Argentina se habla del juicio político a miembros de la Corte Suprema. De hecho Alberto Fernández era jefe de Gabinete cuando en la presidencia de Néstor Kirchner se enjuició al Máximo Tribunal conocido como "la mayoría automática" de Carlos Menem. En aquel entonces el proceso se emprendió contra cinco de los nueve jueces: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, y Antonio Boggiano.
La herramienta constitucional tiene como fin la destitución de las máximas autoridades del país por causales que van desde el mal desempeño de funciones, la comisión de un delito durante las mismas o crímenes comunes. La primera de ellas fue alegada por el presidente en la carta que publicó durante la mañana del domingo 1° de enero de 2023.
Primeras repercusiones tras la carta de Alberto Fernández: "Sus fundamentos carecen de rigor"
El proceso de juicio político es conducido por el Congreso, con una primera intervención de la Cámara de Diputados donde se recibe la denuncia y se da curso a la Comisión de juicio, actualmente presidida por la oficialista Ana Carolina Gaillard. De proceder esa denuncia, se debe comenzar a trabajar en una investigación que tiene cuestiones procesales similares a la de cualquier causa judicial. Una vez que eso sucede se emite un dictamen con la postura.
En caso de que el dictamen convalide el juicio, deben presentarlo ante el Senado, que es el que tiene la palabra final. Como se mencionó, para alcanzar la destitución son necesarios los votos de al menos dos tercios de los senadores y senadoras presentes.
AS/ff
