La filtración de nuevos chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y uno de los voceros del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tuvo su inmediata repercusión a nivel parlamentario, donde la tensión entre el oficialismo y la oposición viene escalando desde hace más de un mes.
En ese escenario, desde el Frente de Todos, tanto diputados como senadores salieron a manifestar su rechazo al unísono y sumaron una nueva piedra en el difícil camino de recomponer el vínculo prácticamente dinamitado con Juntos por el Cambio.
A través de un comunicado conjunto, los senadores del Frente de Todos manifestaron su “más profunda indignación y repudio ante lo que es, sin dudas, ‘el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina’”.
En esa misiva pública, anticiparon su determinación de denunciar penalmente tanto a D’Alessandro como a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, por los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño y tráfico de influencias, entre otros.
En la misma movida anticiparon que evaluarán posibles responsabilidades de los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni, quienes reclaman para sí dos lugares en el Consejo de la Magistratura. La referencia tiene que ver con la disputa judicial que mantienen el PRO y el Frente de Todos por la representación en el organismo que selecciona a los jueces y que tiene como eje la determinación sobre si es válida o no la división del bloque del Frente de Todos para sumar un miembro al Consejo, discusión que justamente formó parte de los cuestionados chats.
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“La democracia esta con una pistola en la cabeza y esa pistola la tiene el presidente de la Corte Suprema”, cuestionó la senadora del FdT Juliana Di Tullio. Desde Diputados, se sumó el legislador por la Ciudad Leandro Santoro, quien pidió la renuncia de Rosatti y lo identificó como “una persona con vocación de acumular poder”.
Además de los cruces por los chats y los nombramientos en el Consejo de la Magistratura, la disputa por la coparticipación entre Ciudad y Nación promete profundizar aún más la grieta y complica los planes legislativos para 2023, según admiten de ambos bandos.
