POLITICA
TRAS LA DENUNCIA

Alberto Fernández: "Yo no pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó"

El exmandatario habló por primera vez respecto a la acusación en su contra por los gestores que obtenían comisiones millonarias en el mercado asegurado de las instituciones gubernamentales.

Alberto Fernández 20240228
Alberto Fernández | NA

El caso de los seguros, que reveló la participación de intermediarios ligados al poder político que obtenían comisiones millonarias en el mercado asegurado del Estado, finalmente llegó a los tribunales con el expresidente Alberto Fernández como uno de los denunciados. Se le imputan delitos como malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de intermediación realizados durante su mandato a favor de Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.

Según diversas fuentes, recibieron llamadas de Cantero, quien acompañó a Alberto Fernández durante 30 años, para promover la designación de Martínez Sosa como productor de seguros en distintas dependencias públicas.

En sus primeras declaraciones sobre el tema buscó distanciarse de la situación. Negó haber realizado gestiones con funcionarios para contratar a Martínez Sosa y afirmó que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, que lo hiciera.

Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En diálogo con La Nación, Fernández expresó: "Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó".

Afirmó que el Decreto 823 de 2021, que él firmó, estableció la obligatoriedad para los entes públicos de contratar a Nación Seguros, con el objetivo de eliminar la intermediación que permitió la aparición de gestores bajo sospecha.

El expresidente argumentó que el decreto estipulaba que las contrataciones debían realizarse de manera directa, con el fin de poner fin al sistema implementado durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, según su opinión, dio lugar a "muchos negocios".

Alberto Fernández fue denunciado por malversar fondos y desde su entorno lo rechazan: "Operación clarísima"

La práctica denunciada ante la Justicia implicaba que las dependencias estatales canalizaran los contratos a través de Nación Seguros, entidad que contrataba a un corredor y a empresas privadas, algunos vinculados a Fernández y Sergio Massa. Entre los intermediarios figuraban Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa, y Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.

Además, el decreto emitido por Fernández estipulaba que los contratos debían realizarse a través de convenios interadministrativos para la administración central, mientras que otras entidades como empresas públicas y entes fiduciarios debían seguir los procedimientos de sus propios regímenes de contratación. El decreto también prohibía explícitamente la subcontratación de pólizas, aunque no hacía referencia directa a la prohibición de gestores. Fue en este vacío legal donde surgieron los intermediarios bajo sospecha.

Fernández aseguró que "nunca" habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias.

Diversos documentos revelan que los acuerdos con Martínez Sosa y otros productores fueron firmados tanto antes como después del decreto presidencial. Algunos de estos acuerdos se suscribieron previamente a la emisión del decreto, mientras que otros se llevaron a cabo después de su promulgación, como en el caso de la Casa de la Moneda y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Fernández aseguró que no estaba al tanto de que estas áreas necesitaran la intervención de corredores externos. El expresidente ahora sostiene que este tipo de negocios iba en contra del espíritu del decreto.

El Gobierno pedirá ser querellante en la causa contra Alberto Fernández por la contratación de seguros

Fernández afirmó que no vió a Martínez Sosa desde hace "uno o dos años". Aseguró que nunca discutió estos contratos con el gestor y que no hubo ninguna reunión entre él, Martínez Sosa y Alberto Pagliano, quien es conocido por ambos y es el presidente de Nación Seguros.

Según múltiples fuentes del sector, Martínez Sosa es uno de los productores de seguros con más carteras en el país. Heredó el negocio de su padre y lo expandió con pólizas de organismos estatales, no solo a nivel nacional sino también en varias provincias, incluida la de Buenos Aires. Conoce a Fernández desde hace décadas, desde que el expresidente ocupó el cargo de superintendente de Seguros en los años 90 y luego trabajó en el Grupo Provincia para desarrollar el negocio.

Alberto Fernández sobre Martínez Sosa: "No se trata de un Lázaro Báez"

El expresidente expresó su incomodidad ante las implicaciones del escándalo. En defensa de Martínez Sosa, aseguró: "No se trata de un Lázaro Báez".

Con esto alude al hecho de que el empresario ya tenía una trayectoria en el mercado de seguros antes de convertirse en gestor de negocios que se desarrollaron durante su mandato presidencial y la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

La Gendarmería figura entre los organismos que contrataron los servicios de Martínez Sosa a través de uno de sus satélites. Cuando Nación Seguros intentó reducir la comisión de un 15% a un 10%, Martínez Sosa trasladó la cartera de pólizas de vida a La Caja Seguros, argumentando que se trataba de contribuciones voluntarias, a pesar de que el asegurado fuera una entidad pública. Para Fernández, este caso muestra que él no ejercía presión en estos asuntos.

En una de sus declaraciones juradas, Fernández revela una deuda pendiente con Martínez Sosa. Explica que aún está en deuda y que se trata de un préstamo que recibió de su amigo cuando renunció a la jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner en 2008. Según su testimonio, el monto total del préstamo fue de US$20.000, cantidad que nunca pudo reembolsar, razón por la cual la incluyó en su declaración jurada como funcionario al cierre del período 2023, cuando aún estaba pendiente.

LT