La medida dispuesta por el magistrado habría incluido además una inmobiliaria, el domicilio de un funcionario del organismo en cuestión, y la sede de PROCELAC (la Procuración contra el lavado de activos), donde se secuestraron computadoras y material de interés.
Los investigadores buscaban los datos de una serie de correos electrónicos que envió Guillermo Bellingi, quien oficiaba como subdirector general de la Procuración y luego se desempeñó en la PROCELAC, hasta que fue suspendido en su cargo, informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
El caso salió a la luz semanas atrás cuando se supo que la Justicia investigaba la adquisición de la sede de la calle Perón. En ese momento se supo que la firma vendedora del edificio pagó 8 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez, una subcomisión de 3 millones al productor de seguros, Juan Carlos Thill. Se busca determinar ahora si éstos están vinculados al empresario Héctor Alonso, exmarido de Gils Carbó y gestor inmobiliario.
