Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, continúa envuelta en una causa judicial que indaga los motivos por los cuales se destinaron fondos del municipio, 535 millones de pesos precisamente, a diferentes cooperativas de trabajo. Una denuncia que, según la jefa comunal, no tiene sustento pese a que la investigación ayer viernes tuvo un nuevo avance.
La referente de La Cámpora eligió sus redes sociales para dar a conocer su postura ante la denuncia. Reconoció, en primer lugar, que su gestión contrató a cooperativas para realizar tareas de mantenimiento de accesos y espacios públicos pero aclaró que las acciones siempre estuvieron dentro de los márgenes de la ley, que avala herramientas de contratación directa: “Se permite contratar en forma directa pudiendo resolver lo inmediato, y además es una forma de inclusión social y de generación de empleo: con este esquema, se generan 200 puestos de trabajo”, aseveró.
En otro pasaje de su exposición, recordó: “Cuando asumimos, en el área de Parques y Paseos, de Servicios Públicos, había sólo 23 personas para realizar esas tareas; 23 trabajadores que son insuficientes para poder mantener limpios más de 150 espacios que tenemos en Quilmes. Por eso decidí continuar con el trabajo que hacían las cooperativas en el municipio de Quilmes desde el año 2009”.
En cuanto a los procedimientos, Mendoza insistió en que todo se realizó bajo la normativa que impera, “respetando los procedimientos administrativos, a través de expedientes auditables por los organismos de control. En ninguna de las cooperativas figuran funcionarios de esta gestión ni familiares. Los recursos destinados a mantenimiento de espacios públicos se usaron y se usan para eso”.
La acusación marca que existió una presunta fuga al exterior de dinero, algo que según la jefa comunal es “falso”: “Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a EE.UU. Yo no tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Todos mis bienes están en Argentina y declarados desde el año 2009″, amplió la dirigente del Frente de Todos.
Para cerrar su defensa, la líder de gestión recalcó que, tras las imputación, se encuentra totalmente a disposición de la Justicia: “Le pedí a mi equipo legal del municipio que se presente voluntariamente a brindar toda la información al Poder Judicial, porque soy la primera interesada en que se conozca la verdad. Confío en que se haga justicia”, declaró.
Mientras el video de Mendoza en redes sumaba likes y comentarios de parte de militantes, el fiscal federal Ramiro González amplió la amputación contra la intendenta y ex funcionarios en relación a la posible comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos.
