El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández volvió este jueves a los tribunales federales de Comodoro Py, para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa Fútbol para Todos. Fernández ya está procesado en el marco de esta causa desde junio de 2016, por orden de la jueza María Servini. La ampliación de la indagatoria fue pedida por la Sala I de la Cámara Federal que, en el mismo fallo que confirmó el procesamiento de Fernández y Jorge Capitanich, dictó la falta de mérito a Juan Manuel Abal Medina, quien también ocupó la jefatura de gabinete durante la era K.
Según pudo reconstruir PERFIL, la indagatoria de este jueves tuvo su eje en el contrato con la automotriz Iveco, que pagó con camiones y dinero parte de las publicidades de los partidos. El convenio con la empresa estuvo a cargo de Gabriel Mariotto, primer coordinador del programa y quien ya está procesado por el delito de peculado. Para la justicia fue él quien se encargó del contrato con Iveco y recomendó su firma a los jefes de gabinete. Fernández, por su parte, insistió hoy en lo referente a Iveco que se trataba de derecho de sponsoreo y no de publicidad.
Fernández ya había sido indagado por defraudación a la administración pública, por no haber controlado el dinero del Estado una vez que entraba a la AFA. Inicialmente, tanto él como Capitanich y Abal Medina fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, pero en marzo de este año llegó la decisión de la Sala I de confirmar su situación y la de Capitanich y dictar la falta de mérito para Abal Medina.
La causa sigue ahora con una ronda de ampliaciones de indagatoria, tras lo cual la jueza tiene diez días hábiles para resolver si amplía el procesamiento de Fernández y los demás implicados.
El también ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo más de dos horas en el juzgado, donde entregó un escrito y respondió preguntas, tal como él mismo explicó a PERFIL a la salida de la presentación. Se lo vio tranquilo, de buen ánimo y solo acompañado por su abogado.
La ampliación estaba fijada para abril, pero se demoró por el pedido de recusación presentado contra Servini por la mutual Pyme Rural, una denuncia presentada en la causa por la diputada Elisa Carrió. La asociación había pedido el apartamiento de Servini por "enemistad manifiesta" con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien "se encuentra asociado a dicha entidad" según surge de la recusación citada en el fallo de la Cámara. Tras la decisión esa denuncia quedó sin investigar.
