Los próximos cinco días serán cruciales para las negociaciones que está llevando a cabo el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los representantes de los acreedores externos, a fin de lograr convencer a los bonistas de que acepten la oferta de reestructuración que lanzó el Gobierno. Al mismo tiempo, crecen las chances de un default selectivo: un arreglo con un porcentaje de los acreedores que no evita la cesación de pagos y termina con un grupo litigando en la Justicia.
Según comentaron a PERFIL fuentes del gabinete económico, desde este mismo lunes se profundizarán las conversaciones entre Guzmán y los bonistas, en un tira y afloje que promete un final abierto hasta la fecha tope para realizar cambios en la propuesta, que será el próximo viernes, aunque existe la posibilidad legal de postergarlo hasta que se cumplan los treinta días desde el vencimiento de los bonos globales que no se pagaron el 22 de abril. En lo concreto, el Gobierno tiene tiempo hasta el 8 de mayo para realizar cambios en la propuesta en función de la documentación presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.
En Economía insisten en que el ministro se va a mantener firme con la idea de que la propuesta no se cambia, aunque por lo bajo se admite que esto también forma parte de la estrategia para mostrar inflexibilidad hasta último momento en la pulseada.
“El final está abierto, todavía falta”, se limitó a decir un funcionario, colaborador de Guzmán en su gestión. Entre el miércoles y el jueves de la última semana, antes del feriado del 1º de mayo por el Día del Trabajador, en el mercado local se comentó insistentemente sobre “algunos retoques” para lograr mayor nivel de adhesión a la propuesta.
Endulzantes. Esos “retoques” que se mencionan en el mercado incluirían atenuar en algo la quita de intereses de la deuda y realizar un pago contado entre el segundo semestre de este año y el primer trimestre de 2021.
La propuesta del Gobierno, en sus lineamientos centrales, presenta una quita del 5,4% de capital, del 62% en los intereses y tres años de gracia, sobre deuda elegible por US$ 68 mil millones.
Como era esperable, la oferta fue criticada en las últimas semanas por los “lobos” de Wall Street y por algunos operadores del mercado local.
“Viendo la oferta local, que los inversores reciben algún pago recién al cuarto año, muchos van a optar por no adherirse y litigar, porque ese sería en definitiva el tiempo que les llevaría lograr en Estados Unidos un juicio a favor donde obtendrían el total de todo lo invertido”, señala el especialista y consultor Christian Buteler.
En función de este panorama, en el mercado del exterior se muestran más escépticos y aseguran que Argentina se encamina hacia un default directo, y resaltan que los fondos importantes ya la advirtieron a Guzmán que rechazan la propuesta.
Sin embargo, en el mercado local son varios los operadores que no coinciden en esa apreciación y entienden que el Gobierno ya se aseguró una masa de adhesión determinada como para que el canje sea catalogado como “default selectivo”. “Por ahora nosotros vemos un escenario de default selectivo, que podría cambiar y mostrar un panorama más exitoso si finalmente Economía hace esos retoques y consigue un nivel de adhesión superior”, agregó otro importante analista bursátil.
Esta visión más optimista hizo que los bonos recuperaran mucho terreno en su cotización entre el martes y el jueves de la semana pasada, y que la tasa de riesgo país, que a mediados de abril llegó a estar por encima de los 4.200 puntos básicos, se ubicara en aproximadamente 3.500 puntos.
París. Es factible que en el transcurso de esta semana la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, emita otro mensaje de respaldo a la propuesta de la deuda argentina, en una semana también clave por otro vencimiento: unos US$ 2 mil millones que habría que pagar al Club de París, que el Ejecutivo aspira a que se postergue al menos hasta 2021.
Con la tormenta que implica el parate económico por la pandemia, más la oferta para hacer un plan de deuda sustentable, el presidente Alberto Fernández habló con Angela Merkel, canciller de Alemania, sobre este tema. Según comentaron fuentes de Gobierno, Fernández le habría pedido a Merkel que trate de convencer a los directores del Club de París para que le concedan a la Argentina esa postergación de vencimientos.
