El presidente Javier Milei decidió este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Así lo informó el vocero nacional, Manuel Adorni, quien afirmó: “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”.
Según Adorni, esta medida —que se basará en un decreto publicado en el Boletín Oficial a partir de este martes— implica el cierre definitivo de esos organismos y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, que serán gestionadas bajo nuevas normas y controles. El vocero agregó que “este organismo se creó para facilitar la corrupción” y que la acción fue ordenada amparada en las facultades delegadas por la Ley de Bases.
A lo largo de la presentación, recordó la Causa Vialidad, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la principal condenada. En un video mostró las "irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz", destacando contratos con "sobrecostos para el empresario Lázaro Báez".
Cómo se reorganiza la gestión vial con la disolución de Vialidad Nacional
La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad oficializa un proceso que ya venía desarrollándose en la práctica y forma parte de una reestructuración amplia de la gestión vial en el país, según un comunicado de la Secretaría de Transporte. Ahora, la nueva organización buscará una gestión más eficiente y adaptada a la realidad actual, con un sistema de supervisión y auditoría independiente que garantice la transparencia y el control.
Con esta liquidación, las funciones se reorganizarán de la siguiente manera:
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El diseño y planificación de la infraestructura vial quedará a cargo de la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía.
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La supervisión y control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, separando la función de adjudicar y controlar para evitar conflictos de interés.
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La tarea de mantenimiento será asumida por una unidad específica, con parte del trabajo tercerizado a empresas privadas, que según informes oficiales, obtienen mejores resultados técnicos y operativos que las áreas que dependían de la ex Dirección Nacional de Vialidad.
El organismo disuelto contaba con una estructura jerárquica y extensa, de 5.184 agentes. Aproximadamente el 67% realizaba tareas administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% cumplía funciones operativas en terreno. Según el comunicado, el cierre permitirá un ahorro anual estimado en 100 millones de dólares para el Estado nacional.
A partir de este cambio, las funciones serán distribuidas entre la nueva Agencia de Control y dos unidades del Ministerio de Economía: la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.
“Milei no pidió prórroga, a diferencia del kirchnerismo”
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también destacó que Javier Milei usó las facultades delegadas que le otorgó el Congreso, las cuales vencen este miércoles 9 de julio, para avanzar con medidas que apuntan a reducir el gasto público y aliviar la presión fiscal. “Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, que se trataba de darle superpoderes a un gobierno reaccionario, que se vendía el país”, señaló Adorni.
Agregó: “La realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos, desde el regreso de la democracia, que no pidió prorrogar esas facultades, como sí hizo el kirchnerismo hasta el final de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron”.
El futuro legislador porteño fue más allá y recordó: “En mayo de 2021, el gobierno anterior usó esas herramientas para encerrar a los argentinos con la pandemia como excusa, dejar a los chicos sin clases, cerrar actividades productivas y prohibir reuniones privadas. El problema no es la herramienta, sino cómo se usa y para qué”.
Siguiendo esa idea, defendió el uso que hizo el actual presidente: “Por primera vez, las facultades delegadas se usaron para aliviar la carga fiscal sobre los bolsillos de los argentinos. Los 65 decretos firmados en el último año permitieron un ahorro de 2.000 millones de dólares en gastos”.
Al cerrar, remarcó que Milei no buscó extender los llamados superpoderes: “El presidente respetó la institucionalidad. No se prorrogó el plazo, se cumplió el año exacto, y su único objetivo fue avanzar con un plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia”, afirmó.
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