El oficialismo intentar alinear los planetas a su favor en el caso de los aportes truchos de la campaña legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Esta semana, fue la ex tesorera del PRO bonaerense, María Fernanda Inza, quien se presentó ante la Justicia por primera vez y pidió que la investigación quede a cargo de un juez electoral, confirmaron fuentes del caso a PERFIL.
De esta manera, Cambiemos busca anular dos expedientes penales en su contra por los presuntos delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y dádivas, y acotar el caso a meras irregularidades electorales. Las consecuencias judiciales serían así mucho más leves para los responsables de la recaudación del partido de Mauricio Macri.
Inza, una ex funcionaria de confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal y del secretario Legal y Técnico del Presidente, Pablo Clusellas, presentó el jueves un escrito ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Inza solicitó al magistrado que se aparte de la investigación penal sobre aportes falsos. La ex tesorera del PRO bonaerense se apoyó en su escrito en el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, quien la semana pasada fue en la misma línea que el oficialismo y estableció que el caso no debe ser investigado por delitos penales sino por irregularidades electorales.
Aportantes "truchos" | La Alameda también denunció la campaña que encabezó Carrió
La ex funcionaria, además, pidió ser legitimada en la causa penal como imputada, ya que fue denunciada por la diputada kirchnerista Teresa García. Si es aceptada como parte, tendrá legitimidad para apelar la decisión de Kreplak de investigar los aportes truchos. En los próximos días, el juez debe decidir si da intervención a la Cámara Federal de La Plata para que los jueces de ese tribunal evalúen quién debe investigar el caso: la Justicia penal o la electoral.
El magistrado ya identificó que la última campaña de Cambiemos en la provincia tuvo 4.721 aportantes físicos (personas) de las cuales 567 son beneficiarios de planes sociales. Los ciudadanos bonaerenses reciben tres tipos de planes distintos: Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro. Así lo confirmaron fuentes del caso a PERFIL. El oficialismo declaró aportes de campaña por más de $ 86,2 millones. El 96,6% de esos fondos se “aportó” en efectivo, lo que dificulta la trazabilidad del dinero y establecer su origen.
El caso de los aportantes falsos tiene tres frentes judiciales: existen dos causas penales (una en los tribunales de Capital Federal, a cargo del juez Sebastián Casanello, y otra en los tribunales de La Plata, en el juzgado de Ernesto Kleprak) y se suma un expediente en la Justicia electoral platense, que lleva adelante el juez Adolfo Gabino Ziulu.
Una pelea judicial puede poner fin a las investigaciones de los aportantes truchos
El avance de ambos expedientes penales y de las investigaciones periodísticas de El Destape, PERFIL, La Nación y Chequeado demuestran que hay indicios claros de que los aportantes falsos se utilizaron para blanquear fondos negros cuyo origen se desconoce y que se sospecha provendría de empresas contratistas con el Estado. Las empresas tienen prohibido realizar contribuciones a las campañas de los políticos que los contratan como proveedores.
La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, sostienen que los hechos deben ser investigados como un caso penal y no sólo electoral. Es el mismo criterio de los jueces Casanello y Kreplak.
Por ahora la disputa judicial está tres a tres. El juez y el fiscal electorales de La Plata coinciden con Stornelli y le disputan los expedientes a los jueces penales. Pero la decisión será ahora de dos tribunales clave: la Cámara Federal de La Plata y la Cámara Federal porteña.
Suman testimonios y denuncias
A los tres frentes judiciales por los aportantes truchos de Cambiemos en la campaña bonaerense de 2017 se suma otra denuncia por presuntas contribuciones apócrifas en la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015 y en la legislativa porteña de 2017.
Por una decisión del camarista Martín Irurzun, el juez federal Sebastián Casanello es quien debe investigar las sospechas sobre estas últimas.
La ONG La Alameda, que inició las denuncias contra el oficialismo, presentó en los últimos días los testimonios de ciudadanos que denunciaron figurar como aportantes de estas campañas pero que nunca contribuyeron con Cambiemos.
También detectaron que el 65,9 % de los aportantes de la campaña porteña de 2017 son empleados públicos, muchos de los cuales son monotributistas. También aportaron los nombres de empleados de empresas contratistas de la Ciudad que, como ya se probó en el caso Murata, podrían estar blanqueando aportes de su empleador.
