La Alameda realizó este lunes una ampliación de denuncia por irregularidades en la campañas electorales de Vamos Juntos 2017, la presidencial 2015 de Mauricio Macri y brindó más casos de falsos aportantes de Cambiemos en provincia de Buenos Aires. El expediente está a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli.
Según la ampliación de denuncia que presentaron los fundadores de la Alameda y su partido Bien Común, Tamara Rosenberg, Ximena Rattoni y Gustavo Vera, existen pruebas para iniciar una investigación sobre la campaña que encabezó Elisa Carrió y Carmen Polledo que llamaron Vamos Juntos en el año 2017, así como la campaña nacional de Mauricio Macri y Gabriela Michetti en 2015.
En el caso de los aportantes de la provincia de Buenos Aires, precisaron que no solo se utilizó personas de bajos recursos de la sociedad bonaerense. “Muchos de estos Ciudadanos víctimas son empleados de diferentes dependencias del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal”, puntualizaron a la par que solicitaron que se proteja sus identidades ante posibles represalias.
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“Las víctimas manifiestan temor ante una posible pérdida de la fuente laboral si sus nombres son puestos a conocimiento de la opinión pública. Entre ellos se encuentran empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), miembros de las fuerzas de seguridad, empleados de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras”, agregaron. Al momento de la presentación, las personas que se comunicaron para informar que son víctimas de este delito sumarían un total de 1.140.600 pesos.
Esta misma situación se habría producido en la campaña presidencial que llevó a Mauricio Macri a la presidencia y de la alianza política “Vamos Juntos” en 2017. La suma total de las tres campañas alcanzaría la cifra de 8.303.000 pesos.
“Así como resulta importante conocer quienes son los responsables intelectuales y materiales de implementar tal sistema ilegal, encontramos imperioso la necesidad de conocer la procedencia del dinero aportado a través de los Ciudadanos víctimas, como así también de los empleados y funcionarios que pudieron prestar su consentimiento para dicha maniobra”, consideraron.
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En ese marco, pidieron al juez Sebastián Casanello que se le tome declaración testimonial a los ciudadanos y a los empleados y funcionarios del Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aparecen en la planilla que elaboró La Alameda para que reconozcan ante las autoridades judiciales si realizaron o no el aporte indicado ante la Cámara Nacional Electoral y si sus firmas son auténticas.
Rosenberg cuestionó que las auditorias propuestas por el Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal “son internas y no recurrieron a la Auditoria General de la Nación como marca la ley de financiamiento de partidos políticos”. Por su parte, Rattoni sugirió que el Congreso debería impulsar una comisión bicameral para evaluar el proceder de los actuales parlamentarios que surgieron de estas campañas electorales apuntadas como irregulares.
