La ex legisladora Margarita Stolbizer presentará este miércoles ante la justicia nuevos casos de supuestos aportantes de Cambiemos, que desconocen haber entregado dinero al oficialismo para sus campañas. La presentación será en el marco de la causa, en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello, que se inició tras una denuncia de la ONG La Alameda. En ese expediente, uno de los tres entorno del tema, el magistrado ya ordenó una serie de medidas, entre ellas las declaraciones testimoniales de varios de los damnificados.
En el escrito de Stolbizer, como presidenta de la Asociación Civil Bajo La Lupa, se mencionan desde casos en la provincia de Buenos Aires, hasta los de la empresa de seguridad Murata, que fue revelado por PERFIL este fin de semana. La ex legisladora también pedirá que se amplíe el objeto de investigación y se la acepte como amicus curiae.
El puntapié inicial del escándalo fue un informe del periodista Juan Amorín, en El Destape. Luego de eso comenzó una investigación de oficio del fiscal Jorge Di Lello, la investigación en lo de Casanello, y se registró una tercera presentación, que recayó en el juzgado federal de Ernesto Kreplak, en La Plata.
Cómo saber si figurás como aportante privado de un partido político
“He tomado conocimiento de nuevos casos en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires de personas que figuran aportando para la campaña de Cambiemos en el 2015 y 2017 y dicen que no han hecho aporte alguno y que desconocían haber sido incluídos en listas en esa condición”, consignó Stolbizer en el escrito al que tuvo acceso Perfil. “La finalidad de esta presentación es colaborar en la causa por tratarse de asuntos que resultan de relevancia institucional y de interés público”, agregó la ex legisladora.
Entre los casos que aportará Stolbizer hay aportantes falsos en Morón, Saladillo, Luján, General Villegas Azul, Chacabuco, General La Madrid, y Olavarría, entre otros.
Stolbizer se explayó durante su presentación en que en el esquema de aportantes falsos, “se pueden detectar tres tipos de casos: a) todos los candidatos de la lista de Cambiemos incluidos como aportantes, en general con la misma suma de dinero que variaba según el cargo al que aspiraba o sus chances de conseguirlo (advertir con qué frecuencia se repite entre candidatos a concejales de distritos diferentes pero todos aparecen con un aporte igual de $ 38.000); b) empleados municipales en distintos distritos de la Provincia; c) beneficiarios de planes sociales que aparecen incluidos como afiliados y/o aportantes, como si se hubieran copiado listados, sin que las personas hayan tenido conocimiento de esa situación”.
Por otro lado sostuvo que la ley vigente para el tema, aprobada en 2009, “prohibió las donaciones empresariales a raíz del escándalo de la campaña presidencial del oficialismo en el 2007, financiada parcialmente por laboratorios farmacéuticos investigados por sus vínculos con el tráfico de efedrina”. Y sostuvo que “esta ley es fácilmente burlada ya que no aportan las empresas, sino que lo hacen a título personal, los gerentes, directivos, accionistas y hasta empleados de las empresas, para ocultar el origen proveniente de aquellas, impedidas por ley”.
Para Stolbizer “antes era más fácil advertir qué empresas aportaban para una campaña electoral. Ahora el dinero circula igual, pero en negro. Y para poder ingresar ese dinero y blanquearlo en las rendiciones de cuentas se recurre a los aportantes ficticios. Personas que figuran aportando para solventar la campaña de diferentes candidatos, esconden dinero negro. No solo se utiliza la identidad de ciudadanos que no prestaron su consentimiento ni aportaron un solo centavo. Esta maniobra esconde una compleja estructura de corrupción”.
El caso Murata
El último domingo el diario PERFIL publicó el testimonio de una aportante falsa que, por primera vez, relató cómo Cambiemos utilizó las identidades de 12 empleados de Murata S.A, una empresa proveedora del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para blanquear aportes de campaña de Mauricio Macri en 2015 y de la elección legislativa del año pasado en la provincia de Buenos Aires. Brenda Osso, ex empleada de la empresa de seguridad privada, logró desentrañar cómo su nombre y el de otros 11 compañeros de su antiguo trabajo terminaron figurando en la lista de aportantes de estas campañas, que pusieron a los responsables de la recaudación del oficialismo, al propio Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal en la mira.
Osso es una de las más de 300 personas que se comunicaron la semana pasada con la ONG La Alameda para denunciar que figuran aportando dinero a campañas electorales sin haber realizado nunca esas contribuciones. A Brenda la utilizaron tres veces: aparecía aportando $ 95 mil en el primer informe de gastos de las PASO de Cambiemos en 2015; otros $ 30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $ 16.500 más para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017.
