El ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibió fuertes críticas por los aumentos de tarifas, motivo por el cual se presentará mañana a las 10,30 ante la comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado.También fue cuestionado por su declaración jurada, donde figura que tiene una participación accionaria en una de las empresas que supuestamente debe controlar como ministro de Energía.
Pese a que desde la oposición arreciaron los pedidos de renuncia de Aranguren, el Gobierno salió nuevamente a ratificar al ministro en su cargo, al asegurar que en la Casa Rosada están "muy, muy orgullosos" de él a quien califican como "un lujo".
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el encargado de respaldar una vez más al ministro días después de sostener que "no hay incompatibilidad" entre la función estatal que ejerce Aranguren y las acciones que posee de la empresa petrolera Shell. Aún así, persiste los ataques contra él.
Aranguren fue denunciado por el senador nacional Fernando 'Pino' Solanas por incumplimiento de los deberes de funcionario publico, denuncia que quedó radicada en el juzgado de Maria Servini de Cubria. El motivo es la compra de gas a Chile un 128 por ciento más caro que a Bolivia y por violar el régimen de contrataciones al adquirirlo en forma directa y sin licitación.
Por esa misma razón, los diputados nacionales kirchneristas Martín Doñate (Río Negro) y Rodolfo Tailhade (Buenos Aires) denunciaron a Aranguren. La causa la lleva el Juzgado Federal 9ª, fiscalía 4 de Carlos Stornelli.
Tras esas dos presentaciones judicales, el senador escribió una columna en el portal Infobae en la que fundamentó su denuncia. Ante este nuevo ataque, Aranguren decidió responder y escribió una carta en la que da explicaciones al legislador.
La carta completa:
En su nota de opinión titulada: "Aranguren: del tarifazo al sobreprecio", publicada por Infobae el 08/06/16, el senador nacional Fernando E. Solanas comparte una serie de opiniones que, como tales, están sujetas al debate público; pero también efectúa una serie de afirmaciones que, al considerarlas carentes de veracidad, tengo la obligación de refutarlas tanto en sede judicial -respondiendo cuando ésta me lo reclame la denuncia penal que el senador formulara y de la cual todavía no he sido notificado- como ante la opinión pública.
El 29 de febrero pasado el Ministro de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia Ing. Luis Alberto Sánchez me envió un correo electrónico para informarnos que Bolivia no iba a poder entregar los 19,9 millones de m3 por día de gas natural que establece el contrato que nos vincula para el año 2016, ofreciendo 15,4 millones de m3/día para el primer semestre del año y 19,0 millones de m3/día para el segundo semestre del año, solicitando una dispensa para no afrontar las penalidades previstas en el contrato.
Ante este panorama y un pronóstico de frío más severo que en años anteriores para este invierno y dado que el gas producido en nuestro país no alcanza -desde hace más de 10 años- a cubrir toda la demanda en el período invernal, decidimos evaluar la posibilidad de diversificar la oferta energética importada, para así limitar al mínimo posible el corte de suministro de gas natural a la industria, lo cual fuera muy frecuente en años anteriores, aunque ocultado y minimizado por las autoridades energéticas que nos precedieron.
Las vías de importación de gas natural son limitadas. Adicionalmente al ingreso por gasoducto del gas boliviano, contamos con un par de opciones de re-gasificación de gas natural licuado (GNL) en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, cuya capacidad se encuentra a pleno durante los meses de junio a agosto. Asimismo, en invierno debemos recurrir a la importación de combustibles líquidos (principalmente gasoil) para generar energía eléctrica en varias centrales térmicas, liberando así gas natural para que se destine al abastecimiento residencial y para el sector de transporte, como GNC.
Chile, que también importa GNL como consecuencia de que Argentina dejó de exportarle gas natural en la década pasada por caída de nuestra producción, tiene capacidad ociosa en sus dos terminales de re-gasificación (Mejillones y Quinteros) y sus autoridades, encabezadas por el Ministro de Energía Máximo Pacheco, nos manifestaron oportunamente la voluntad de vendernos producto previamente re-gasificado en las mismas.
Obviamente, dicho producto fue ofrecido como disponible por su propietario, inicialmente ENAP, y no cabía la posibilidad de licitarlo, ya que no existe más de un proveedor posible para el gas proveniente de cada una de dichas terminales. Menos aún en el contexto de la emergencia declarada en el sector energético de nuestro país.
La compra directa fue realizada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), una sociedad anónima creada por iniciativa del presidente Kirchner en 2004, a la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP); la que, para el caso de la terminal de Mejillones, actuó en representación de SolGas S.A.
No obstante ello, aún para una compra del Estado, contrariamente a lo mencionado por el senador Solanas, las normas de contratación prevén la compra directa en este tipo de situaciones (Art. 25d inc. 3 y 5 del Dto. 1023/2001).
Estamos comprando todo el gas natural que Bolivia pone en disponibilidad, por lo que denunciar que se compró a Chile a un precio 128% superior al que corresponde por contrato con Bolivia es una verdad planteada en forma maliciosa. Se acudió al gas natural proveniente de Chile cuando ya no era posible contar con mayor cantidad de gas de Bolivia que el que se estaba adquiriendo. Es decir, el senador Solanas compara el precio de un bien disponible (gas de Chile) con el de un bien que hoy no está disponible (gas adicional de Bolivia). En esa comparación entre lo existente y lo inexistente, llega a su errada conclusión de “sobreprecio”.
En un análisis serio, sólo es posible comparar el precio de los distintos bienes efectivamente disponibles, en este caso, superada la capacidad de entrega de gas proveniente de Bolivia y la capacidad de nuestras terminales de re-gasificación de GNL, las únicas opciones reales son el GNL re-gasificado en Chile y el gasoil importado, utilizado en usinas de generación eléctrica en remplazo de gas natural.
En efecto, todo volumen adicional de gas natural que se pueda comprar remplaza al combustible marginal que se quema en el invierno para generar energía eléctrica (gasoil), cuyo costo es actualmente de 11,8 dólares por millón de BTU. Es decir que la compra de gas a Chile se hace a un precio que es 40% inferior al del combustible alternativo que remplaza, ahorrándole al país con esta operación 840 millones de pesos.
El contrato de compra-venta de gas natural a Chile no es secreto ni tiene cláusulas de "estricta confidencialidad" como dijo el senador Solanas. Como en cualquier contrato comercial, existen cláusulas confidenciales, pero eso no impide presentarlo ante cualquier requerimiento de las autoridades administrativas y obviamente de las judiciales, tanto de Chile como de Argentina, ya que el contrato mismo lo prevé. De hecho, los dos contratos celebrados por el gas natural proveniente de Chile han sido ya enviados a la Justicia. El mismo senador Solanas lo podría haber solicitado o consultado a este ministro, antes de efectuar su rimbombante denuncia. Pero no lo hizo.
Paradójicamente, aun con el volumen de gas natural importado de Chile, la semana pasada nos vimos obligados a cortar el suministro de gas a las Industrias. Este es el verdadero cuadro de emergencia energética que vive nuestro país y el compromiso de nuestra administración es no ocultar la verdad y, en la medida de lo posible, anticiparnos a los hechos para mitigar las consecuencias de las políticas energéticas que nos llevaron a esta situación.
Por último, ante las acusaciones de que Shell, quien fuera -como es público y notorio- mi empleador hasta el 30/06/15 provee de GNL a las empresas chilenas que posteriormente revendieron el gas natural a ENARSA, debe señalarse que nuestros proveedores chilenos de gas natural (ENAP y SolGas) eligen sus proveedores de GNL sin dar intervención ni información (y sin obligación alguna de darla) a ENARSA, por lo que no conozco y además no interfiero, ni tengo incidencia en la elección del proveedor por parte de las empresas radicadas en el vecino país.
Toda mi actuación desde el 10/12/15 ha sido encuadrada, y lo seguirá siendo mientras sea ministro, en lo establecido por la ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública. Durante mi actividad privada nunca tuve nada que ocultar y menos lo tendré ahora, habida cuenta de mi decisión de participar de la función pública.
Lamento profundamente las livianas acusaciones del senador Solanas. Sería hipócrita si dijera que no me afecta. Luego de que presentara la denuncia penal involucrándome, como así también al presidente de ENARSA, sin habérsenos solicitado información alguna, lo llamé personalmente para ponerme a su disposición y ofrecerle cualquier información que requiriera sobre la operación que había denunciado. El senador aceptó el ofrecimiento y se acordó una reunión en oficinas del ministerio para el 6 de junio a las 14 horas a través de colaboradores de ambos. Lamentablemente, un día antes de la cita, el senador Solanas canceló la reunión por intermedio del abogado co-denunciante, sin permitirme el derecho a esclarecer sus dudas, derecho que en esta oportunidad ejerzo.
