Ataques a campesinos en la guerra por la tierra

“Yo sin el campo no soy”, resopló Ramona Bustamante el día en que las topadoras pisotearon su casa de material –con su horno a leña y sus muebles adentro–, ubicada en el paraje Las Maravillas, un rincón yermo en el nordeste cordobés. Con 80 años y tiros de fondo, media docena de civiles armados la echaron de la tierra –unas 240 hectáreas– que la vio arrullar a su hijo y a sus nietos, y donde ella misma nació. Eran matones a las órdenes de un empresario que, cuatro años atrás, había jurado ser dueño de todo, aunque nunca mostró a doña Ramona una escritura o una orden judicial. Pero sí una ametralladora.

Un i nforme de la Defensoría del Pueblo de la Nación –al que tuvo acceso exclusivo PERFIL– advierte sobre el aumento de casos de violencia sobre campesinos en la región norte de la provincia de Córdoba, a manos de las llamadas “guardias blancas”. Se trata de grupos parapoliciales –pagados generalmente por empresas que se arrogan la posesión de un territorio– que golpean y disparan sobre quienes resistan. Los ataques de estas bandas se repiten en Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Formosa, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero. Y en todo terrón del centro y norte del país hacia donde pueda extenderse la frontera agrícola y, en particular, el manto verde sojero.

Barrabrava. A las 10 de la mañana del 31 de marzo, el ronroneo de las camionetas rompió el silencio del paraje El Simbolar, en el departamento cordobés de Cruz del Eje. Las ocho familias que allí vivían, con veinte niños, fueron sacadas de sus casas a los empujones. El matrimonio Rivero Nieto quiso resistir dentro de la vivienda, pero las topadoras avanzaron ante sus ojos y debieron salir corriendo, según consta en el informe de la Defensoría, que forma parte de una investigación general sobre uso sustentable de la tierra. La lista de abusos es larga. Los vecinos de la localidad cordobesa de Tres Arboles dicen que un hombre llamado Víctor Manuel Gómez “anda armado, mata sus animales y realiza constantes amenazas”. Elsa Pérez, otra pobladora, sostiene que un abogado de nombre Attia y un policía llamado Nicolás Heredia la amenazaron con un arma para que firmara un documento.

Las topadoras suelen ser la última carta de un juego macabro, que comienza el día en que el apoderado de una empresa se acerca a la casa de un campesino y ofrecen comprar la finca. “Las nuevas tecnologías permiten producir en tierras que eran de bajo rendimiento. Los bosques nativos se vuelven sorpresivamente atractivos para los empresarios agrícolas”, explica el defensor Eduardo Mondino. Algunos de estos terratenientes avanzan directamente sobre los pobladores rurales, que suelen ser poseedores ancestrales sin documentación pública que lo acredite.

Otros alambran por la fuerza las tierras en disputa, especialmente alrededor de las casas de los pobladores, incluso de aquellos que están amparados por el “derecho de posesión veinteañal de la tierra”, consagrado a nivel nacional por el artículo 4.015 del Código Civil. Luego llegan las matanzas de animales, los ecos de balas nocturnas y los cobertizos que amanecen quemados. El mayor problema es la obstrucción de los accesos a las fuentes de agua potable (pozos, ríos, lagos).

El desprecio. “En la Rinconada te corren a los tiros si te acercás al alambre”, asegura Marcos Vargas, integrante de la Unión Campesina del Noreste. Desde el año pasado, unas 350 familias se disputan con el empresario entrerriano René Fritzeler unas 23.000 hectáreas, ubicadas en el límite de las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. “Son familias poseedoras de esas tierras, viven allí hace más de dos décadas”. Hace cinco meses, Fritzeler mandó alambrar gran parte de ese territorio. “Treinta familias quedaron atrapadas dentro del cerco. A las que fueron expulsadas, la mayoría, se les mueren los animales por falta de agua. Hay alambrados con alarma y guardias armados que recorren la finca en moto”, precisa Vargas.

Las provincias vecinas no están mejor. La comunidad de San Agustín, en Santiago del Estero, no tiene consuelo desde que el 2 de febrero de este año, el cuidador de unas tierras en litigio disparó con una carabina calibre 22 sobre Alfredo Villagrán, un campesino que viajaba en una bicicleta con su sobrino de cinco años. Al poblador las balas le perforaron una pierna. Al niño, la cabeza.

El 12 de agosto de 2004, el empresario Oscar Dutto y sus empleados irrumpieron en el lote 20 del departamento de Aguirre, también en Santiago, disparando al aire y matando animales. En medio de la sequía santiagueña, la violencia florece. En agosto de 2005, el joven Walter Cuellar murió en un accidente cuando protestaba contra la multinacional Conexa, que realiza trabajos de alambrado en tierras fiscales del paraje Santa Rosa, donde viven 3.182 familias. La Dirección de Recursos Naturales provincial había rechazado el plan de manejo de bosques presentado por la empresa por considerar dudosos los títulos de propiedad.

Los aprietes no son siempre privados. A mediados de octubre, un grupo de policías mendocinos llegaron con una orden judicial a la “carpa de la lucha por la tierra”, montada hace un mes por campesinos de la Unión de Trabajadores Sin Tierra sobre la Ruta 40, en el km 3.338, en reclamo de la expropiación de una finca abandonada. Fueron interrogados y fotografiados por orden del juez federal Bento.

En Salta, ni las comunidades indígenas se salvan. Hace dos años, el cacique Benjamín Flores quedó internado en terapia tras defender las tierras de comunidades collas y tupi guaraníes ubicadas en Orán, amenazadas por el avance del ingenio San Martín del Tabacal. Según la ong IWGIA, en la finca Caraguata, también en Salta, la empresa Tres Lagunas compró 23.000 hectáreas donde viven ancestralmente criollos e indios. Las patotas les queman las casas y le envenenan a los perros. Uno de sus mayores problemas, dicen, es que casi no hay abogados que quieran defenderlos. La paga no promete ser buena y las empresas poderosas intimidan. Pero ellos resisten. La tierra es de lo poco que les queda.

Asesinato en Salta
La localidad salteña de Salvador Mazza quedó en silencio cuando le tajearon la boca de arriba abajo a la productora rural Liliana Ledesma y le asestaron seis puñaladas. El asesinato ocurrió en la noche del 21 de septiembre, días después de que la mujer, que pertenecía a la Asociación de Pequeños Productores y Ganaderos del paraje Madrejones, acusara públicamente al diputado provincial Ernesto Aparicio, del PJ, por el cierre de un camino vecinal y un desmonte ilegal en la zona de Ipaguazú, a 25 kilómetros de Salvador Mazza. Ella sostenía que Aparicio quería crear un corredor para el tráfico de drogas desde Bolivia.

La noche en que la mataron, la mujer caminaba junto con María Gabriela, la hermana del diputado Aparicio. “Quien está detenida por encubrimiento es mi hermana, y a pesar de que con ella hemos tenido grandes diferencias, sigue siendo mi hermana”, comentó el diputado al diario Salta al día, el lunes 23, tras declarar ante el juez Nelson Aramayo. Y añadió: “Quien tiene pedido de captura es su pareja, un hombre que vivía en el Sector 5 y a quien yo conocía de vista, porque en este pueblo nos conocemos todos”.