Atentado a CFK | Investigan el financiamiento del grupo de vendedores de algodón de azúcar
La Justicia decidió enfocarse en los movimientos de dinero de aquellos que vendían copos de nieve junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte bajo la hipótesis de que recibían financiamiento externo para tener más tiempo y realizar tareas de inteligencia.
La pareja involucrada en el atentado a la vicepresidenta. |
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En el marco de la investigación por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, los investigadores en las últimas horas se dedicaron a averiguar sobre los ingresos de los integrantes del grupo de vendedores de copos de azúcar, al cual pertenecían Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y si es que recibieron algún tipo de apoyo logístico o financiero para llevar adelante tareas de inteligencia.
Según revelaron fuentes de la investigación a La Nación, ya se confirmó que al menos uno de los vendedores hizo tareas de inteligencia afuera de la casa de la vicepresidenta las semanas previas al ataque, incluso antes de que se realizarán las diferentes concentraciones que tuvieron lugar en Juncal y Uruguay.
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La decisión de investigar de que vivían los vendedores surge en la hipótesis de los investigadores de que estos contaban con el suficiente tiempo libre para realizar los trabajos previos, por lo que especulan con que no se mantenían sólo con la venta de copos de nieve. Es por esto que ya se están analizando sus contactos y movimientos de dinero.
En esta misma línea, Nicolás Gabriel Carrizo, quien se identificó como el "jefe" del grupo, y Eduardo Orozco, uno de los vendedores, no están imputados en la causa pero sí declararon como testigos. Tras otros testimonios reunidos, la Justicia ubicó a Uliarte reunida con Carrizo cerca del mediodía del viernes.
A su vez, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) investiga el contenido de los celulares de Carrizo y Orozco para determinar el nivel de vinculación que tenían con la pareja detenida por el ataque. Al mismo tiempo, según informó La Nación, los peritos buscan precisar si los dispositivos fueron manipulados para eliminar o descartar información antes de ser entregados.
Por otra parte, del celular de Uliarte, quien buscó desligarse del hecho durante su declaración el martes pasado en Comodoro Py, la PSA extrajo un total de 120 gigabytes de información y un documento encriptado que será analizado posteriormente.
En paralelo también se está realizando "el peritaje del peritaje", investigación que busca esclarecer lo que sucedió con el teléfono de Sabag Montiel, dado que el dispositivo fue reseteado y la información se perdió. En este sentido, se sospecha que el daño al celular ocurrió mientras este estaba en manos de la Policía Federal Argentina (PFA), fuerza que debía extraer su contenido mediante la implementación de un software específico.
