El camarista Leopoldo Bruglia evalúa reconfirmar a la magistrada María Eugenia Capuchetti frente al expediente por el intento de homicidio contra Cristina Fernández.
La jueza fue recusada por segunda vez a principio de año de “presunta incompatibilidad” de su rol dentro del Poder Judicial y el ejercicio de funciones en el instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual para la querella supone una “dependencia” del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño “que puede impactar en su imparcialidad objetiva”.
En el nuevo reclamo de apartamiento la querella que representa a la vicepresidenta sostuvo que Capuchetti es “una terminal del PRO” que encubre la investigación.
Ante ello, la jueza adujo que los recusantes “invocan actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados” y rechazó el pedido de apartamiento.
En la previa y durante el reinicio de la actividad judicial, el expediente donde están procesados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte como coautores del homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa y de Nicolás Gabriel Carrizo como partícipe secundario tuvo sendos movimientos procesales.
Y es que esta misma semana fue indagado nuevamente el también llamado “jefe de la banda de los copitos”. Carrizo amplió su declaración ante la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo por orden de la sala I de la cámara federal porteña quien hizo lugar a un pedido de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
Dos días después y tras cumplirse cinco meses del atentado, el camarista Leopoldo Bruglia encabezó una audiencia donde los letrados querellantes, en fuertes términos, reeditaron de forma oral las razones por la cual aducen que Capuchetti no debe seguir interviniendo en la causa.
En ese contexto, el abogado Aldazábal aseveró que el instituto donde la magistrada ejerce como docente “no es una universidad, sino una academia de policía que además elabora políticas públicas”.
Por su parte y en la misma audiencia, Ubeira sostuvo “la señora jueza no era investigadora, no es docente.. tiene un curro…no soy patrullero de lo que cobran los jueces, pero acá recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter Ejecutivo. No tenemos Justicia con esta mujer”.
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Ese mismo día, Bruglia junto a sus pares de la sala I Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, escucharon otro reclamo de los mismos abogados, pero en razón de la línea de investigación conocida como la “pista Milman” en la que se busca dilucidar si el diputado del PRO tuvo conocimiento previo del atentado a la vicepresidenta.
Aldazábal y Ubeira buscan que se amplíe el margen de análisis del contenido de los teléfonos celulares de Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz, ambas asesoras de Milman quienes consignaron sus dispositivos en noviembre del año pasado tras declarar como testigos ante el fiscal Carlos Rívolo a quien Capuchetti delegó la investigación luego que la camara ordenara ahondar en ese apartado.
Si bien ambos planteos apuntan a ser resueltos en los próximos días, lo que se busca aclarar sobre esto último son dos incógnitas:
En primer lugar si el asesor del diputado Marcos Cleri, Jorge Abello, escuchó decir a Milman “cuando la maten yo voy a estar en la costa”, dos días antes del atentado y la segunda si efectivamente Milman lo dijo.
Sobre ambos puntos orbitan otros elementos de análisis en manos de la Justicia con los que se busca probar un hecho puntual: uno de los dos mintió, concluyó.
