La cartera de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, y más específicamente la Secretaría de Niñez y Familia, a cargo de Pablo De la Torre, comenzarán a partir del próximo 1° de enero una exhaustiva y detallada auditoría que les permitirá trazar un diagnóstico sobre cómo se encuentra el giro de fondos a organizaciones sociales y asistencia social.
Si bien todavía está en estudio, lo más probable es que dicha auditoría se realice a través del entrecruzamiento de la base de datos de la Anses (también depende de Capital Humano) e incluso utilizando la aplicación Mi Argentina.
Al mismo tiempo se buscará avanzar en la descentralización de los planes sociales, tanto a gobernaciones como a municipios siempre con el objetivo final de que los fondos lleguen directamente a los beneficiarios y se eviten las intermediaciones tal como sucede con Asignación Universal por Hijo o la tarjeta Alimentar. También se hará una auditoría sobre los comedores y se creará un nuevo registro.
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Al momento, y si bien el presidente Javier Milei señaló que la cartera será la única con la “billetera abierta”, no se evalúa una ampliación de la cobertura sino que auditoría mediante se intentará volver más eficientes los recursos con los que se cuenta. Es en ese marco que se pretende no caer en la “extorsión” de las organizaciones sociales que muchas ocasiones solicitan mayor cantidad de recursos que los que realmente necesitan.
Actualmente existen vigentes 1.260.000 planes Potenciar Trabajo y se estima que hay 1.000.000 más de personas por debajo de la línea de pobreza que no reciben ninguna asistencia por parte del Estado. Una cifra por demás alarmante sobre todo luego de la devaluación. Pero a su vez, está vigente una resolución proveniente de la etapa de Victoria Tolosa Paz que pone límites e impide sumar beneficiarios.
El 50% de los planes sociales se concentra en el AMBA, y el 80% está manejado por organizaciones sociales. De ellas, la que maneja el mayor número es el Movimiento Evita.
El oficialismo pretende no caer en la “extorsión” de los grupos que manejan planes
La auditoría permitirá a su vez determinar si muchos de esos planes podrían ser derivados a otras áreas. La resolución de Sergio Massa que permitía transferir los planes a Trabajo (y que nunca fue reglamentada) tendrá un pedido de prórroga por tres meses. Ese es el tiempo que se estima para realizar un escaneo exhaustivo de la situación. En dicho escaneo colaborará Alejandro Cosentino, quien participó en el área de Modernización en el gobierno de Mauricio Macri.
Un dato: el 30% de los beneficiarios de planes tiene entre 18 y 30 años. Es por ello que podrían ser derivados a Trabajo para mayor capacitación o inserción en el mercado laboral. Otros también podrían migrar a Educación. Ambas secretarías están bajo la órbita de Pettovello, quien conoció a De la Torre hace seis meses aunque esperaron al resultado del balotaje para que el hombre de San Miguel se sume al equipo. Trabajo está a cargo de Omar Yasin y Educación en manos de Carlos Torrendell.
El 50% de los planes sociales se concentra en el AMBA, y el 80% está manejado por organizaciones sociales. De ellas, la que maneja el mayor número es el Movimiento Evita.
Ayer, las organizaciones reclamaron en la puerta del ex Ministerio de Desarrollo Social por alimentos. Reclaman también una audiencia con la ministra, aunque por ahora sin éxito. El designado para dialogar con los referentes sociales es Héctor Calvente.
Fuentes del Gobierno señalaron ante PERFIL que el equipo de trabajo ha sumado a dirigentes del Conurbano, entre ellos hombres como Rodrigo Aybar (Tres de Febrero) y Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora). Ello da cuenta de una preocupación.
Con las medidas económicas anunciadas y sin reactivación prevista para los primeros meses del año próximo los vínculos con el área que podría transformarse en un polvorín serán claves. Es por ello que el diálogo con los intendentes del AMBA es permanente.
Además, buscarán proteger a quienes han denunciado con nombre y apellido aprietes o extensiones de referentes sociales a través de la línea 134. Si bien son más de 16 mil las denuncias, la gran mayoría son anónimas. Al momento, tampoco hay registro de cuántas son las personas a las que se les deberá quitar el plan por la marcha del 20 de diciembre.
Objetivo de máxima. La Secretaría de Niñez y Familia tendrá en los próximos años el objetivo de centrarse en los primeros “1000 días” de los niños, acompañando a las madres incluso desde el período de gestación.
Tal como pudo saber este diario, la idea es replicar el modelo aplicado en la localidad bonaerense de San Miguel y trasladarlo a escala nacional.
Ello motivó el cambio de nombre del área, que pasó de ser un ministerio denominado “Desarrollo Social” a ser la “Secretaría de Niñez y Familia”
