El juez federal Claudio Bonadío procesó al vicepresidente Amado Boudou por considerarlo partícipe necesario del delito de falsedad ideológica de documento público y le trabó un embargo por $ 10 mil.
Fue por la transferencia de un vehículo Honda CRX –patente WYT716– que se realizó en la Capital Federal con papeles falsos. Junto con Boudou, fueron procesadas la titular del Registro Automotor Seccional Nº 2 de la Capital Federal, Graciela Taboada de Piñeiro, y la ex pareja del titular del Senado, Agustina Seguín. Todos fueron embargados por el mismo monto pero no les impuso prisión preventiva. A Taboada la declaró autora del delito.
“El magistrado tuvo un actuar cuanto menos arbitrario”, se quejó Martín Magram, abogado del vice en la causa.
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Es el segundo procesamiento que acumula Boudou en dos meses. El primero fue el del magistrado Ariel Lijo, quien consideró que el vicepresidente era pasible de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica. Aunque hay una fuerte presión para que se aparte del cargo, el Gobierno aún lo sostiene por orden de la presidenta Cristina Kirchner.
Además de la falsificación de documentos para hacer la transferencia del auto de la provincia de Buenos Aires hacia la Capital Federal, Bonadio dio por acreditado que el vicepresidente no pudo probar que compró el auto ya que carece del formulario 08 certificado por el vendedor. Además, en su fallo, argumenta que el vice mintió en su divorcio con la fecha en la que compró el vehículo. Cuando declaró como imputado, Boudou culpó a los gestores y deslindó responsabilidades en su ex pareja. Allí se desdijo y aclaró que había adquirido el auto en 1993. En un escrito de ochenta páginas, el juez explicó que hubo una confabulación entre Taboada, los gestores, Boudou y Seguín para inscribir en la Capital Federal el Honda CRX.
“Ha quedado claro que Amado Boudou transfirió en su favor el vehículo Honda CRX mediante documentación falsa y falsificada. Que para eso su pareja, Agustina Seguín, contactó al gestor Alberto Soto, quien el 24 de febrero de 2003 habría presentado ante el Registro Seccional Nº 2 un formulario 12 de verificación policial falso, un formulario 08 con los datos del comprador y vendedor falsificados y con copia simple de su DNI (de Boudou)”, describió Bonadio entre los fundamentos del procesamiento.
El vehículo en cuestión fue importado por la japonesa Nabsa Corporation y comprado por Cayetano Campione el 5 de octubre de 1992. En 1993 lo entregó a la concesionaria de Mar del Plata Atlántida Automotores, como parte de pago por una camioneta Suzuki Vitara 0 km. Se desconoce en qué momento y cómo Boudou adquirió el auto, que se encuentra secuestrado en sede policial.
Para hacer la transferencia, los gestores presentaron una copia del duplicado del DNI de Boudou, con una tercera página en blanco en la que se consignó un cambio de domicilio en la calle Berón de Astrada 2708, a metros del Riachuelo. Ese domicilio es inexistente.
Bonadio entiende que Boudou estampó su firma en el formulario 04 de transferencia del vehículo, aunque demostró que la letra donde se coloca el domicilio inexistente no era de él. Pese a ello, fundamentó, no podía desconocer la maniobra ilegal. El gestor Soto ya estaba procesado en la causa. Boudou nombró a una serie de escribanos pero ninguno certificó que haya convalidado la compra del vehículo ni la transferencia. La única escribana que reconoció haber participado en un trámite de esas características fue condenada a cuatro años de prisión por falsedad ideológica de documento público en 2011, con lo cual Bonadio consideró que su testimonio no era creíble. Boudou declaró ante la Oficina Anticorrupción que adquirió el vehículo el 1º de julio de 1992, algo improbable porque en ese momento el auto estaba “en viaje” hacia la Argentina para ser importado. Cayetano Campione lo adquirió a fines de ese año y recién lo vendió en 1993.
Existe otro incidente en la causa: Daniela Andriuolo, la ex esposa de Boudou (se divorciaron en 1998), reclama el auto como bien ganancial. En 1992, el vicepresidente estaba soltero. Sin embargo, Aimé dijo que firmó con Andriuolo un compromiso de que el vehículo no sería dividido en un eventual divorcio.
Pero no constan actas de esto porque fueron destruidas por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Según las normas de la Corte, pasados cinco años de un expediente que no se mueve, se destruye.
También se detectaron irregularidades en el número del motor del vehículo. Suficiente para que el vice sume un nuevo procesamiento.
