La Cámara de Diputados dio este jueves media sanción a un proyecto que modifica la Ley 26.130 de régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, en los artículos referidos a personas con discapacidad.
"El objetivo de esta ley es que las personas con discapacidad no puedan ser intervenidas quirúrgicamente para una contracepción sin haber expresado claramente su voluntad. Son ellas las que deberán decidir", explicó el titular de la Comisión de Salud Pablo Yedlin, en su discurso a favor de una iniciativa de la diputada chaqueña Lucila Masin.
Se trata de una iniciativa que apunta a impedir las denominadas "esterilizaciones forzadas" en aquellas personas que posean algún tipo de discapacidad, a través de métodos como la ligadura de trompas o la vasectomía, y requiere de un "consentimiento informado" para poder llevar adelante la práctica. Es decir que la persona deberá prestar su aval a la realización de la intervención.
"Todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley. En ningún caso se requiere autorización judicial", señala el artículo 3 de la nueva ley.
El texto contó con el aval de 232 diputados de todos los sectores, con el voto en contra del diputado del Frente de Todos Esteban Bogdanich y una abstención del legislador neuquino del PRO Francisco Sánchez.
“Tenemos la obligación de poner punto final a esta terrible situación de discriminación que impide a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo la diputada Claudia Najul (UCR).
La diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada precisó que "buscamos modificar los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 para ordenar el sistema jurídico interno con la convención de Derechos Humanos de las personas con discapacidad. En este momento, las personas con discapacidad pueden con el consentimiento informado, libremente acceder a las prácticas de contracepción quirúrgicas y tienen libertad y autonomía para decidir sobre la ligadura de trompas o la vasectomía".
Al exponer en el debate, la diputada Claudia Najul recordó que “desde 2006 tenemos la ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica, que garantiza que toda persona mayor de edad, capaz, que brinde su consentimiento informado tiene derecho a acceder a la realización de la ligadura de trompa o vasectomía en todos los servicios de salud. Si bien esta ley significó un importantísimo avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, facilitando la planificación familiar, también lamentablemente se prestó para que situaciones constituyeran un gran atropello a la dignidad y una grave violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
“Bajo esta ley se realizaron en nuestro país esterilizaciones forzadas, no consensuadas, a muchas personas con discapacidad, ya que la redacción de esta norma lo avalaba. A ellas nos se les consulta si quieren o no someterse a esas prácticas, en muchos casos ni siquiera se les informa y mucho menos se les pide un consentimiento informado. Su voluntad es absolutamente remplazada por su representante legal o por la autorización de un juez”, agregó.
💬 | "Modificar la norma nos permitirá garantizar un derecho humano para las personas con discapacidad, sometidas de manera desproporcionada a procedimientos de estetización forzada", señaló @LuciMasin (FdT).#SesionesEnDTV pic.twitter.com/5lXQj9uTmW
— DTV - El Periodismo En El Congreso (@DiputadosTV) July 1, 2021
Los fundamentos del proyecto
El texto cuya autora es la chaqueña Lucila Masín precisa que "la intención era poner la ley a tono con lo dispuesto sobre capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial vigente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cumpliendo con un reclamo que las personas con discapacidad vienen realizando en pos de su autonomía, desde hace varios años".
En ese aspecto, detalla que "el Código Civil y Comercial de la Nación ahora vigente adopta una nueva concepción sobre la capacidad, ya no es un atributo que se le otorga o se le quita a una persona sino un derecho humano y en consecuencia la incapacidad se prevé como excepción debiendo mediar sentencia judicial. La capacidad como derecho humano se presume.
"La idea de que se actuaba en nombre de 'la persona incapaz' sin siquiera consultarla no es más una opción legal, la capacidad es un derecho humano y como tal se garantiza su ejercicio. En tal sentido se propone la nueva redacción obligando a la autoridad de aplicación a dar información accesible a las personas con discapacidad según sus necesidades, de manera que comprendan acabadamente en qué consiste la intervención y cuáles son las consecuencias de realizarla", dice en sus fundamentos el proyecto de ley que será tratado mañana.
