Al cumplirse un mes del arribo del Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur con tripulación venezolana e iraní, la causa que se investiga en el juzgado federal de Lomas de Zamora se mantiene en silencio tras la prórroga del secreto de sumario dictada por el juez Federico Villena.
Precisamente por la nueva prórroga la Justicia trabaja a contrarreloj. La ley establece que tras la primera reserva decretada por el magistrado instructor es de 10 días, su renovación (en principio por única vez) debe cumplir el mismo plazo, “a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieran otros imputados”.
El segundo plazo vence a mediados de la próxima semana. La eventual dificultad en la investigación apunta al análisis de toda la información recopilada en los dispositivos de los 19 tripulantes.
Sin embargo, días atrás, el juez Villena conformó una mesa multinacional de distintas fuerzas de seguridad para examinar la data física y digitalizada que se recopiló y secuestró durante los allanamientos a lo largo de este mes, en colaboración del Oficina de Investigaciones Federales de los Estados Unidos (FBI).
El grupo de seguridad multisectorial está integrado por agentes del Departamento de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, la división de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, todos bajo la supervisión de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como querellante en la causa.
El involucramiento de estas fuerzas especializadas apunta a resolver en tiempo y forma el estudio de cientos de giga-bytes en documentos, fotografías, videos y audios, con el cruce de toda esa información, se espera que los resultados recabados se eleven de forma simultánea y el juzgado concluye qué prueba utilizar para avanzar con la investigación. Un dato no menor es que muchos de estos archivos están en idioma farsi.
Medidas. Hasta el momento ascienden a más de setenta las medidas ordenadas por el magistrado Villena entre ellas, el estudio del contenido de las cajas negras del avión, así como también exhortos judiciales a otros países entre ellos, Venezuela, México, Uruguay y Paraguay.
Respecto a la tripulación, tanto venezolanos como iraníes representados legalmente por Hernán Carluccio y su colega Javier Raidan, continúan alojados en el mismo hotel Boutique de Canning. Los abogados mantienen los pedidos de liberación del avión y de los pilotos sobre quienes pesa la prohibición de salida del país, tras el primer allanamiento donde les secuestraron dispositivos y documentación.
Los abogados mantienen reuniones periódicas y comunicaciones con las autoridades de Emtrasur en Caracas de las que aseguran estar tranquilos; confían en que la situación se resuelva lo antes posible. Mientras tanto, el Boeing 747 Dreamliner continúa varado en el aeropuerto internacional de Ezeiza a disposición de la Justicia.
Se conformó una mesa con fuerzas de seguridad para examinar la información
Recientemente se le hizo mantenimiento de rigor y sigue sin combustible, pues se mantiene la prohibición de recarga dispuesta por Shell e YPF obedeciendo a las sanciones dispuestas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
De momento la investigación que en principio se enfoca en Gholamreza Ghasemi, puede tener sus primeros resultados tras el levantamiento del secreto de sumario.
Sobre el piloto iraní lo que hay es una ampliación de requisitoria, que según expertos en derecho penal es una imputación ambigua y no concreta porque no se delimita ningún tipo de delito.
A Ghasemi se le adjudica la posible vinculación al terrorismo tras el hallazgo de una fotografía en su teléfono donde se ve de joven como combatiente de la fuerza Quds del cuerpo de la guardia revolucionaria de Irán.
