En los últimos días tuvo lugar un extraño episodio protagonizado por un avión carguero venezolano que fue “inmovilizado” en Ezeiza, alegando que contaba con sanciones impuestas desde Estados Unidos. Asimismo, el vuelo llegó con doce venezolanos y cinco iraníes a bordo, a los cuales se les secuestraron los pasaportes.
Además, también se indicó que la aeronave, identificada como un Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, habría ingresado al país y volado desde Córdoba hasta Buenos Aires “con el transponder apagado, como si no quisiera ser localizado”.
El abogado que representa a tripulantes del avión venezolano es un ex AFIP condenado por Ciccone
Hasta el momento, no se han realizado declaraciones oficiales al respecto de lo sucedido. Ante esta situación, la oposición decidió enviar pedidos de información al respecto tanto al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, como al ministro del Interior, Wado de Pedro.
En ambas solicitudes, a las que adhirieron diferentes diputados opositores, se le exige a los funcionarios que brinden información con respecto al avión y sus pasajeros y se detalla el por qué de estos pedidos.
Entre los datos solicitados estrictamente sobre el avión se encuentran “los motivos de retención de la aeronave, información precisa sobre su titularidad, su itinerario, el por qué atravesó e ingresó al país y una confirmación sobre si efectivamente apagó el transponder”, junto al por qué y en qué regiones sucedió esto en caso de que la respuesta sea afirmativa.
A su vez, sobre los ciudadanos que ocupaban el avión se solicitó “la nómina completa y sus antecedentes, en caso de tenerlos, las medidas que se llevaron a cabo con respecto a su ingreso y si situación migratoria”.
Luego, en torno al operativo, se pidió que se explique si se recibió o no algún tipo de alerta por el ingreso del avión en cuestión, si se le pidieron explicaciones a Irán y Venezuela sobre esta situación y si Estados Unidos consultó o aportó información.
Entre los fundamentos para realizar los pedidos, la oposición argumentó que, en primer lugar, “la aeronave circulaba con un manifiesto que, según trascendió en los medios de comunicación, tenía irregularidades”.
Además, explicaron: “La retención en nuestro país del avión, estrechamente vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales”.
En esta misma línea, señalaron que la aeronave pertenece a la compañía venezolana Emtrasur Cargo en la actualidad, sin embargo, hasta enero era propiedad de Mahan Air, empresa que lo había utilizado en los últimos quince días.
“Estados Unidos la sancionó (a la empresa Mahan Air), porque la considera un brazo logístico de Quds, fuerza que responde a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, especializada en guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar”, añadieron.
El nombre más interesante en el avión venezolano (YV3531) es Gholamreza Ghasemi dado que coincide con el nombre de miembro del Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y administrador de Fars Air Qeshm, aerolínea iraní que usa 747 para traficar armas a grupos terroristas. pic.twitter.com/kSsSW2ZrWP
— Andrei Serbin Pont (@SerbinPont) June 12, 2022
A su vez, y para concluir, enfatizaron que “investigadores locales recibieron información que señala que las personas (los pasajeros del avión) podrían tener vínculos con la fuerza Quds, grupo que fue calificado como terrorista por los Estados Unidos y cuyo jefe de 1994 tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la AMIA”.
Ambos pedidos fueron firmados por Waldo Wolff y respaldados por Cristian Ritondo, Gerardo Milman, María Luján Rey, Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiario, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Alberto Assef, José Núñez, Ana Clara Romero, Dina Rezinovsky, Omar De Marchi y Héctor Stefani.
AS./fl
