La defensa del titular de Austral Construcciones entregó en el juzgado de Sebastián Casanello las copias de un mail que recibió de la empresa de Calcaterra, IECSA. También aportó copias del convenio que ambos firmaron, el 10 de diciembre de 2012, para constituir una Unión Transitoria de Empresas (UTE).
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Esa UTE planeaba participar en la licitación pública para la construcción de las represas hidroeléctricas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic", en la provincia de Santa Cruz. Ambas fueron luego adjudicadas a otro grupo empresario afín al kirchnerismo, Electroingeniería, y la estatal china Gezhouba.
Ya cuando se presentó a ampliar su declaración como imputado ante Casanello, el pasado día 5, Báez había asegurado que estuvo asociado con Calcaterra a través del Grupo ODS -supuesto controlante de IECSA- más las firmas Sinohydro y Esuco and Chediak de cara al proyecto de las represas hidroeléctricas.
El pasado 18 de abril Casanello procesó con prisión preventiva al empresario kircghnerista y a su contador, Daniel Pérez Gadín. También dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martín Báez y Sebastián Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI (La Rosadita) César Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot.
Todavía no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay cuando se sospecha que intentaba fugarse sabiendo que la justicia avanzaba sobre él.
La imputación alcanza también a la ex presidenta Cristina Fernández, a Máximo Kirchner y al empresario Cristóbal López. La acusación fue impulsada por el fiscal Carlos Rívolo, quien la elevó al juez federal Claudio Bonadio. Esto se produjo en el marco de la denuncia que presentó el viernes último la diputada del GEN Margarita Stolbizer en la causa que investiga negocios inmobiliarios de la familia Kirchner a través de la firma "Los Sauces SA".
En el centro de la pesquisa están los alquileres de inmuebles de "Los Sauces" a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, de López, y a Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank & Costilla, de Báez.
De acuerdo a la denuncia, "Los Sauces SA" alquilaba inmuebles a "empresas de Lázaro Báez y firmas de Cristóbal López". La diputada dijo que Cristina Fernández recibía dinero a través de un acuerdo que parecía un vínculo comercial pero "encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado. Lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión más burda".
