Luego de que una investigación periodística del diario La Nación revelara que el empresario Lázaro Báez cubría dos tercios de las habitaciones de los hoteles de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez se presentó ante la Justicia para pedir que se prohíba a los medios dar a conocer cualquier tipo de información "privada" de sus negocios. En ese sentido, mientras desde ADEPA afirman que, de prosperar el pedido, habría "censura previa", desde el diario de Báez se dio otra versión sobre los motivos de la presentación judicial.
El periódico "Prensa Libre" publicó una nota en la que se explica que "Báez quiere evitar que información de dudosa credibilidad se publique como cierta". Según el texto, "las denuncias periodísticas y la divulgación de documentación privada podrían conllevar el origen de un ilícito ante la adquisición de esa información de manera por lo menos poco transparente".
Para el medio santacruceño, el empresario se encuentra "en todo su derecho" de pedir una medida restrictiva, dado que quiere proteger "los bienes de su familia". Aunque en ningún momento el periódico explicó los hechos denunciados, cuestionó que no se haya detallado "cómo es que la divulgación de documentación o supuestos convenios confidenciales entre empresas privadas pueden hacerse públicos".
Al respecto, el medio local afirmó que el pedido judicial de prohibición de informar es para evitar "abusos" de los medios de comunicación y, si bien se solicitó la cautelar sólo para el diario La Nación, el escrito no descarta que la restricción se haga extensiva a los demás medios de comunicación.
La nota da a conocer distintos pasajes del escrito judicial presentado ante la jueza Andrea Askenazi Vera. Lázaro no sólo cuestionó la investigación por la forma en que se consiguió la documentación, sino por la "insinuación" de que ha existido "una suerte de negociación espuria" entre Báez y la familia presidencial.
De prosperar la insólita petición del que tal vez fuera uno de los empresarios más favorecidos por la obra pública (además de haber construido el mausoleo del expresidente Néstor Kirchner), no podría publicarse ninguna información sobre la supuesta operación de lavado de dinero K en "organismos públicos, portales de Internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información".
