En medio de un escenario sanitario complejo, y luego de algunos idas y venidas, reproches y discusiones, la oposición logró dictaminar el proyecto que declara la emergencia pediátrica y de residencias durante un año completo. Concretamente, agregaron un artículo que deshace el nuevo régimen de becas optativas para residentes que había sido instaurado por el Gobierno, a través del ministro de Salud, Mario Lugones.
Fueron 65 las firmas obtenidas para llevar a cabo la iniciativa, lo cual superó por siete personas a la cantidad necesaria para su aprobación. El decreto de mayoría fue firmado por representantes de los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Innovación Federal y Natalia Sarapura, radical, en disidencia.
La resolución fue algo dispar: hubo diversos caminos. La UCR, por su lado, presentó un texto propio en conjunto con la Coalición Cívica en donde la derogación de la resolución de becas a residentes no está contemplada. En tanto, la izquierda generó dictamen propio. Desentonaron La Libertad Avanza (con uno de rechazo) y el PRO (que no firmó ninguno de ellos).
Sin embargo, y a pesar del avance de la iniciativa, los mismos diputados opositores fueron quienes presentaron inquietudes, ya que algunos de ellos consideran que no puede disolverse una resolución por ley en el Congreso. Según pudo saber Clarín, una de las legisladoras manifestó: “En todo caso hay que sancionar una ley que establezca un mecanismo y de esa manera la ley tendría más peso que la resolución", a la par de otro funcionario que manifestó: "Hoy avanzamos así y de acá al recinto resolvemos la mejor manera".
Según el proyecto, la idea es dejar “a las claras” la recomposición inmediata de salarios, al mismo tiempo que buscarán “eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y guardias”. A su vez, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como "hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad".
Por su parte, la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz, manifestó a la prensa: "Cuando presentamos el proyecto no existía todavía el cambio que precariza aún más a los residentes. Así que lo conversamos con ellos y lo vamos a agregar". A su vez, el jefe de bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, reforzó esta idea. "Celebramos el artículo que retrotrae la resolución que condena a los residentes a condiciones deplorables".
La diputada oficialista, Carolina Píparo, fue criticada y cuestionada por los residentes que se encontraban en medio de la reunión, luego de afirmar: “El sistema tal cual está ahora lo pueden seguir eligiendo los residentes. Con lo que ustedes no están de acuerdo es con la libertad", aseguró.
Residentes del Garrahan repudiaron la nueva medida del Gobierno y marcharon a Plaza de Mayo
Avanza el proyecto para actualizar el presupuesto universitario
Desde las 16 comenzó el plenario conjunto de las comisiones de Educación y Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde se avanzará con el dictamen de mayoría para actualizar el presupuesto de las universidades nacionales. La reunión buscó darle respaldo parlamentario a un reclamo que tomó fuerza en los últimos meses, tras las movilizaciones masivas en defensa de la educación pública.
Entre los seis proyectos presentados, el que logró mayor consenso fue el impulsado por la radical Danya Tavela y la peronista Blanca Osuna. La iniciativa no sólo cosechó apoyo en la Cámara baja, sino también el aval del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y diversas federaciones estudiantiles.
El texto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a paritarias con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de docentes y no docentes universitarios, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Además, fija que los aumentos salariales deberán ser mensuales, bonificables y remunerativos, con una frecuencia mínima de revisión trimestral.
Otra de las claves del proyecto es que define un piso de financiamiento universitario atado al PBI. Según la propuesta, el presupuesto para el sector deberá representar al menos el 1% del producto a partir de 2026, y aumentar progresivamente hasta llegar al 1,5% en 2031, como forma de garantizar previsibilidad y fortalecer el sistema de educación superior en el largo plazo.
TC/EM
