Benefician a Alberto Fernández y al menemismo

Ninguna sanción pesará sobre los partidos del presidente Néstor Kirchner, electo presidente en 2003 con el Frente para la Victoria y el del actual diputado Carlos Menem, quien intentó volver al mando ese año con el Frente para la Lealtad, por haber gastado en sus respectivas campañas electorales más de lo que la ley de financiamiento político permite. Es que la jueza federal María Servini de Cubría los benefició al decidir no aplicar esa norma.

Entre los más beneficiados por la determinación de la jueza se encuentran el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, responsable político del partido kirchnerista, su responsable financiero, Hector Capaciolli, y quienes cumplieron la misma función en el partido de Menem.

La jueza entendió que los límites de la ley, aprobada en 2002, no fueron violados ya que tanto los aparatos partidarios como los mismos políticos no estaban al tanto de los gastos que realizaron tanto consultoras, agencias de publicidad, imprentas y otras empresas en beneficio de los candidatos, según informó el matutino La Nación.

Si bien la resolución da por hecho que los gastos fueron superiores a los permitidos, con el aval de Servini de Cubría, Alberto Fernández evitó penas de multa e inhabilitación para votar y para ejercer cargos públicos, las sanciones que impone la ley que quedó sin efecto luego de que la magistrada interpretara en este caso que es inconstitucional.

La resolución explica que si bien corresponde controlar "los gastos de campaña efectuados directamente (por los partidos) y a través de terceros", el control no incluye la "publicidad contratada por terceros". De esta forma, Fernández y su asesor financiero quedaron exentos de pena ya que la jueza entendió que hubo empresas que hicieron aportes sin que las agrupaciones o sus responsables políticos y financieros hayan sido informadas. Así se determinó que los funcionarios implicados no pueden ser condenados por los aportes de aquellas firmas.

La ley 25.600 de financiamiento político fue sancionada durante la gestión presidencial de Eduardo Duhalde y determinó los límites monetarios que un partido puede manejar. De esta forma, durante el tiempo que dure la campaña, "los candidatos, los partidos y cualquier otra persona" no podrán superar de determinados porcentajes de aportes.

Un grupo de auditores nombrados por la Cámara Electoral comprobó que durante la campaña presidencial de 2003 no se informó el gasto real que se utilizó con fines proselitistas. Así se pudo saber que el Frente para la Lealtad declaró 11 millones de pesos menos de lo realmente invertido, mientras que el Frente para la Victoria declaró 2,2 millones menos.