Con la expectativa de una posible absolución, mañana finaliza el juicio contra el actual senador Oscar Parrilli por la impresión del libro La década ganada, que jamás salió.
Al por entonces secretario general de la Presidencia se lo acusó de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario”, en calidad de autor. Para el texto conmemorativo por el bicentenario argentino que relataba la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se destinaron 800 mil pesos en concepto de adelanto para la primera edición de 100 mil unidades en papel biblia.
En la causa, cuyo debate está encabezado por el Tribunal Oral Federal Número 7, también están procesados la ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Soledad Daura; Javier Grosman, exdirector de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y Matías Njirjak, exjefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.
Durante su alegato, la fiscal Dafne Palópoli se abstuvo de acusar a Parrilli y a los exfuncionarios, por lo que pidió las absoluciones de todos. La representante del Ministerio Público adujo errores en la interpretación del caso durante la instrucción de la causa, con lo cual, y a su criterio, la imputación del actual senador y el resto de los exfuncionarios no se logró probar. Asimismo, adujo la posible existencia de incumplimiento de otros funcionarios de segundo rango que fueron sobreseídos.
En tanto y también en su alegato, Aníbal Ibarra, defensor de Parrilli, manifestó que en la licitación –que no fue impugnada– participaron varias empresas privadas, siendo La Casa de la Moneda la resultante ganadora por ser el precio de oferta más bajo y que el giro de 800 mil pesos de adelanto para la primera impresión “se encontraba establecido en el pliego”.
Sobre la determinación de no imprimir los libros, el abogado agregó que suspender una licitación es una decisión potestad de cualquier gobierno que no configura delito alguno. Con esto y sin haber querellantes en la causa, el juicio cuyo proceso se inició por una denuncia de Claudio Posse, titular de la Casa de la Moneda durante el macrismo, apunta a que todos los acusados puedan quedar absueltos.
La instrucción estuvo a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio junto al fiscal Carlos Rívolo, a quienes Parrilli cuestionó en fuertes términos así como también a Germán Castelli, uno de los jueces del Tribunal Oral Número 7 que modera el debate, por su traslado realizado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.
En el mismo juicio también se investiga otro expediente que involucra a Katya Daura por peculado. Es por el empleo de poco más de 5 millones y medio de pesos de la Casa de la Moneda para la adquisición de un sistema de seguimiento satelital para los vehículos de la exfuncionaria y la contratación de personal de seguridad para su casa en Pilar. En esta segunda causa también están procesados el entonces gerente de Seguridad, Héctor Desmarás, y Mario Enrici, gerente general del ente dependiente del Ejecutivo nacional.
Para el fiscal Gabriel González Da Silva está probado que la malversación de fondos del Estado generó un perjuicio patrimonial cuyo valor actualizado asciende a los 98 millones de pesos, por lo que pidió cinco años de prisión efectiva para Daura y tres en suspenso para Desmarás y Enrici, así como también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para cada uno de ellos.
