El oficialismo, en su proyecto de amnistía fiscal y blanqueo de capitales, contempla penas de hasta dos años de cárcel para los periodistas que den a conocer cualquier dato de las personas que ingresen al blanqueo.
La medida figura en el artículo 85 del proyecto enviado por el gobierno nacional, y garantiza el "más absoluto secreto" a quienes decidan ingresar al beneficio que el Poder Ejecutivo quiere implementar.
Además, agregan que: "Los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal".
"Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”, propone el proyecto de key.
Ante esto, el bloque de diputados nacionales FPV-PJ, presidido por Héctor Recalde, expresó mediante un comunicado su oposición: "El artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32.", precisaron.
"Además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse", añadieron.
Desde el bloque peronista sostuvieron que "lo que demuestra esta redacción es que el gobierno nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panama Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere".
Por su parte, el diputado oficialista Pablo Tonelli dijo en declaraciones a radio Belgrano, que no estaba al tanto de que el proyecto de su partido contemplaba esas penas, pero defendió el plan: "Hay informaciones que no deben ser reveladas ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas".
