El juez federal Claudio Bonadio ordenó el allanamiento de las oficinas centrales de Aerolíneas Argentinas, que dirige Mariano Recalde, para obtener documentación sobre contrataciones de la compañía aérea en los hoteles que son propiedad de la familia Kirchner. El magistrado se presentó en el lugar el jueves de la semana pasada y ayer fue confirmado por el portal Infobae.
El mismo jueves, efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron en la Inspección General de Justicia (IGJ) con un acta firmada por el juez Bonadio para llevarse los balances y otros expedientes presentados por Hotesur en diciembre, que incluyen el trámite por el cual se notificó la integración de miembros de la familia Kirchner en el directorio y la licitación hecha por Aerolíneas para contratar con el Hotel Alto Calafate el alojamiento de sus tripulaciones. Ese cambio societario permitió eliminar todo rastro del vínculo con el empresario patagónico Lázaro Báez y Valle Mitre.
Tal y como trascendió, los trabajadores de la compañía de Recalde se alojan en el Alto Calafate cuando realizan escalas en la ciudad santacruceña. Este hotel fue administrado hasta el 2013 por el empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien recibió facturas de Hotesur por el alquiler de cuartos en los hoteles de los Kirchner por unos $ 14 millones entre 2010 y 2011. Le pagó a la familia presidencial esa suma, incluso si sus empleados no estuvieran ocupando las habitaciones contratadas. Una prática habitual de aquellos que buscan blanquear capitales ilegales.
La Justicia persigue determinar si, por un lado, Hotesur fue utilizada para lavar dinero y, por otro, si se ajusta a derecho el contrato entre la empresa estatal y el Alto Calafate. El representante legal de la familia Kirchner en ese negocio es el hijo de la Presidenta, Máximo, uno de los posibles motivos por los cuales el primogénito del matrimonio presidencial está en el foco de la investigación del juez Bonadio.
