Dentro del gabinete del presidente Mauricio Macri hay tres ministros que tienen buena imagen según la última encuesta de la Universidad de San Andrés: Rogelio Frigerio (Interior), Carolina Stanley (Desarrollo Social), y Patricia Bullrich (Seguridad). Esta última está hoy en boca de toda la opinión pública, para bien y para mal. La medida que dispuso su área que permite a las fuerzas de seguridad disparar sin dar la voz de alto provocó un sinfín de repercusiones que terminaron judicializándose.
"Un horror jurídico". Así calificaron diputados del oficialismo en diálogo con PERFIL la resolución que se publicó en el Boletín Oficial para realizar un cambio trascendental en el accionar policial. La normativa, argumentaron, va contra el artículo 34 del Código Penal que marca los límites que existen dentro del Estado para utilizar armas de fuego.
Sin embargo, la idea no vino de la ministra sino del propio Macri, que insistió con los cambios tras el caso del policía Luis Chocobar. El periodista Guido Carrelli Lynch había adelantado la estrategia el 10 de noviembre en Clarín: "En ese contexto y en medio de la recesión, a pesar de las críticas de sus detractores, en la Casa Rosada y en la gobernación bonaerense confían en que la política de Seguridad es uno de los pocos ámbitos en los que el oficialismo puede exhibir resultados que sean bien recibidos por el electorado". Y así fue.
Un juez porteño declaró inconstitucional la resolución de Patricia Bullrich.
"Veníamos de una situación donde las fuerzas de seguridad estaban absolutamente indefensas frente a los delincuentes", dijo la ministra en diálogo con Jonatan Viale al defender la medida. Sin embargo, Bullrich recibió críticas del CELS, organismos de Derechos Humanos y hasta la propia Carrió. Lilita dijo que "se le va la mano" y aseguró que la normativa "viola Derechos Humanos fundamentales".
Solo 48 horas después de que se publicara el nuevo reglamento en el Boletín Oficial un juez de la Ciudad, Roberto Gallardo, instó al gobierno porteño a no adherir a la resolución y ordenó su rechazo. El flamante ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, advirtió en Buenos Días América que la medida "será estudiada" para presentar una apelación al respecto. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, fuentes del entorno del ministro Cristian Ritondo no veían con buenos ojos replicar la medida en el conurbano. Allí, los fantasmas de "la maldita policía" y del "gatillo fácil" están más vivos que nunca.
Mientras el tema se traba en la Justicia, surgen las preguntas: ¿La medida sirvió para llamar la atención? ¿Hubo una intención electoral de mostrarse a favor de la "mano dura" para después argumentar que los jueces no lo permitieron? "Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos", sentenció Carrió la noche del martes en Twitter.
Germán Garavano defendió el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich.
Superclásico. El nefasto operativo de seguridad del River-Boca por la Copa Libertadores estuvo a cargo en conjunto de la Ciudad de Buenos Aires y de Nación. Tras los incidentes y la suspensión, hubo altercados entre funcionarios porteños y el sector de Bullrich por las responsabilidades en el área donde fue emboscado el micro visitante. Los errores le costaron el cargo Martín Ocampo, un ministro que nunca supo trabajar en equipo con la funcionaria. El periodista Gustavo Grabia insistió ante Bullrich que había habido una orden a la Prefectura para colocar un vallado. La funcionaria pidió "no entrar en los detalles".
G20. La ministra de Seguridad salió más fortalecida que nunca tras el G-20. Fue, reconocido por las autoridades extranjeras, uno de las cumbres más organizadas y pacíficas de las que se tenga memoria. Y sobre todo, la comparación con la violenca en Hamburgo en 2017 resultó la imagen ideal para la funcionaria, que durante el fin de semana del evento se dio el lujo de ser la vocera casi exclusiva del Gobierno junto al canciller Jorge Faurie.
R.I./E.A./F.F.
