En momentos en que el Lava Jato y la pata argentina del caso Odebrecht toman color con el viaje de los fiscales argentinos a Brasil en busca de información por el pago de coimas por 35 millones de dólares a funcionarios kirchneristas, la polémica se acrecentó en el debate jurídico tras los dichos del presidente, Mauricio Macri, quien reprochó que el Gobierno anterior no haya firmado acuerdos “de primer nivel” que allanarían el camino de la investigación.
Mientras daba su discurso como invitado en el evento "Diálogos para la Argentina", organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en la sede de la Bolsa de Comercio, el Presidente afirmó que “por inacción de la Procuradora (Gils Carbó) somos uno de los pocos países afectados por el caso que no firmamos un acuerdo de primer nivel como lo hicieron Perú, Colombia y otros países", "Esto les permitió ir personalmente, tomar declaración y esclarecer todo el tema. Los únicos países que no firmaron eso son Angola, Venezuela, Ecuador y Argentina", apuntó, tras criticar al gobierno anterior.
Tras estos dichos de Mauricio Macri, Perfil.com entrevistó a la diputada nacional, Graciela Camaño, del Frente Renovador, quien sostuvo que “los acuerdos que quiso suscribir el Ejecutivo con la empresa son contrarios al Artículo 109 de la Constitución Nacional. El caso Oderbrech está en la Justicia y la investigación en manos de los fiscales. Resulta "extraña" la profusión por "hacer" de justicia de los socios de Oderbrech. Los Macri forman parte de la UTE con el soterramiento del Sarmiento”.
Desde el oficialismo minimizaron los dichos del Presidente, al sostener que Macri estaba criticando puntualmente a Alejandra Gils Carbó “por la inacción de la Procuraduría” y no "reprochando la no firma del acuerdo" y reconocieron que, “en caso de que el Ejecutivo quisiera firmarlo no podría”, no lo podría hacer porque lo impide el artículo 109 de la Constitución Nacional.
El problema de fondo está en que ni la Ley argentina ni los convenios internacionales permiten acuerdos con los beneficios dados por Brasil para los arrepentidos. La Ley del Arrepentido, en Argentina, a diferencia de otros países, es una reducción de pena o condena pero no inmunidad.
Para la diputada Diana Conti, del Frente Para la Victoria, no tiene que ver con un problema constitucional sino algo relacionado estrictamente con el Ministerio Público Fiscal. Pero, dice, tampoco es posible avanzar en un acuerdo como el que quiere el Presidente, no por inacción de Gils Carbó, sino porque “una procuradora no puede firmar esos acuerdos porque las leyes no la avalan”.
Según el Artículo 109, “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Qué dice el acuerdo. El acuerdo, firmado por países como Perú y Colombia (que no fueron suscritos por Angola, Venezuela, Ecuador y Argentina), es un pacto entre los Ministerios Públicos Fiscales de los países damnificados con Odebrecht a través del Ministerio Público Fiscal de Brasil.
En este entendimiento, según detallaron voceross del Ministerio de Justicia en diálogo con Perfil.com “el Ministerio Público Fiscal de Brasil da información sobre las coimas que se pagaron pero con ciertas condiciones (que no se vuelva a acusar o haya doble imputación a los directivos del gigante brasileño por un mismo hecho)”.
Esto ocurre porque en Brasil, el acuerdo que se firmó, otorga inmunidad a los involucrados a cambio de la información que brindan y la multa que pagan. El acuerdo también estipula que "sólo se brindará información a otros países sólo si ello no implica la persecución penal de las personas incluidas en el acuerdo". "El problema está en que en Argentina, el Código Penal no permite a los fiscales otorgar inmunidad a nadie y si tienen la información de un delito, deben impulsar la acción", informaron desde el Ministerio de Justicia.
