En abril de 2006, durante la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Néstor Kirchner presentó una versión “actualizada” del Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); ese nuevo Nunca Más constituye el documento oficial más reciente con relación a las víctimas de la dictadura, entre 1976 y 1983.
Según ese documento del Gobierno, en la dictadura hubo 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de “ejecución sumaria”, 7.158 personas en total. Lo único que yo hice en mi último libro, ¡Viva la sangre!, fue contar los nombres y apellidos que figuraban en los anexos de ese nuevo Nunca Más.
Un documento, por otro lado, que fue elaborado por el Archivo Nacional de la Memoria, creado por el decreto 1259 firmado por Kirchner el 16 de diciembre de 2003; este Archivo funciona en la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Desde este punto de vista, con números que surgen del relevamiento del Gobierno al que tanto respaldan, no se entienden bien ni el enojo ni las descalificaciones personales que me dedican Estela de Carlotto, Luis Alem y Miguel Monserrat en una nota de la revista Veintitrés, del empresario Sergio Szpolski, titulada: “No tienen límites, campaña contra referentes de DD.HH.”
“Quien expresa esto —dice Carlotto— puede ser un ignorante que no tiene acceso a la información, y con su ignorancia opina; o una mala persona que con su maldad busca desvirtuar los acontecimientos. Esto merece un repudio general de aquellas personas de bien, que felizmente son la mayoría de los argentinos”
Carlotto agrega que “el número de víctimas se estima en 30 mil personas. Aun en algunas arengas militares se reconoció una cifra mayor. A las Abuelas nos consta que muchos casos no fueron denunciados por temor, lo que puede contribuir a que la cifra no se complete nunca”.
Las fuentes que manejan Alem y Monserrat tienen la misma vaguedad de “las arengas militares” de Carlotto: el presunto amigo militar del escritor Haroldo Conti que le confió que luego del golpe habría 30 mil muertos y el informe de un espía chileno a su gobierno que consignaba 22 mil víctimas entre 1975 y 1979.
Son números al voleo, sin ningún detalle, sin ninguna precisión. Carlotto, Alem y Monserrat se aferran a ellos bajo un lema que puede definirse así: “Cuántos más, mejor”. En otra época, en los setenta, se decía: “Cuanto peor, mejor”. Me impresiona que defiendan los derechos humanos de esa manera, haciendo fuerza para aumentar la cantidad de víctimas de la dictadura, como si 7.158 personas no les bastaran.
¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no tratan de elaborar un listado lo más exhaustivo y preciso posible de víctimas? ¿Por qué siguen aferrados a una cifra: 30 mil, que no pueden probar en forma más o menos rigurosa?
Pienso que hay varias razones. Por un lado, han transformado a los 30 mil en una bandera política y ahora no quieren arriarla; temen que si dicen la verdad, se abran nuevos cuestionamientos por parte de la gente. Por otro lado, ese número les permite que las heridas sigan sangrando caudalosamente mientras ellos continúan ocupando cargos rentados y gozando de los beneficios políticos de su integración al kirchnerismo.
Uno de los peligros es que, bajo el paraguas de los 30 mil y con el sigilo con el que se maneja la secretaría de Derechos Humanos, puedan favorecerse irregularidades en el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado que, en realidad, no lo fueron. Es dinero público, de todos los ciudadanos, y no es tan poco: aproximadamente 1.700.000 pesos en cada caso. Algunos pagos así pude detectar en mi último libro.
No creo que en esta última inquietud me acompañen Carlotto, Alem y Monserrat. Tampoco la revista Veintitrés.
*Editor ejecutivo de la revista Fortuna y autor de ¡Viva la sangre!
