El escándalo por supuestas coimas que salpica al juez federal Norberto Oyarbide, crece. A la investigación judicial por el supuesto pedido de soborno de policías en nombre del magistrado y del secretario del Juzgado, Carlos Leiva, se sumó un sumario interno en la Justicia, del que depende la continuidad del juez en su cargo.
Tal como informó Diario PERFIL a principios de 2014, la Cámara Federal porteña inició un sumario para determinar si hay “responsabilidad de funcionarios judiciales” en la denuncia por presunto pedido de coimas.El expediente quedó en manos del juez federal Luis Rodríguez, quien investiga el supuesto intento de soborno y el modo en que Oyarbide y su secretario llevaron adelante la investigación por supuesto lavado de dinero. El juez investigado, hoy afirmó que el allanamiento se suspendió por pedido del Poder Ejecutivo.
La causa. El juez Rodríguez había solicitado todas las causas en las que intervino el juzgado de Oyarbide en equipo con los mismos policías denunciados, miembros de una brigada especial de la Policía Federal que trabajaba asiduamente con el juez. También había solicitado a Asuntos Internos de la fuerza de seguridad nacional el listado de personal de esa brigada, comandada por el subcomisario Fabio Ascona e integrada por Angel Castro y otros efectivos que no han trascendido.
El allanamiento ordenado se efectuó el 19 de diciembre de 2013, cuando una comisión policial ingresó al edificio de la calle Maipú 311. En el lugar los policías encontraron papeles, armaron cajas y descubrieron que en la oficina había 5 millones de pesos. Según las fuentes, pidieron 2.500.000.
El procedimiento finalizó con un llamado del juez, invitando a los allanados, a un financista y a su abogado, para que concurrieran a su despacho al día siguiente. El escándalo durante el procedimiento fue tal que el juzgado tuvo que suspenderlo y retirar a los policías de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) mientras el dueño de la financiera allanada estaba a los gritos.
Ese viernes cuando llegaron a Comodoro Py, el juez pidió al empresario y a su letrado que declararan lo sucedido. El juez llamó a un secretario para que tipeara los testimonios de los dos denunciantes que sostuvieron que policías de la Difoc de la Policía Federal -de extrema confianza con el juez- pidieron 2,5 millones de pesos para frenar una investigación del juzgado. Dijeron que lo hicieron en nombre de “Su Señoría” y Leiva.
Reconocimiento parcial. Finalmente, el juez Oyarbide reconoció haber frenado el allanamiento, pero que lo hizo luego haber recibido un llamado de Carlos Liuzzi, subsecretario de Legal y Técnica, segundo de Carlos Zannini, quien le advirtió sobre un grupo de policías que estaban pidiendo sobornos.
Oyarbide presentó un escrito ante el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, para que determine la veracidad de los hechos habida cuenta de que los policías dijeron haber pedido coimas en nombre del juez y del secretario del juzgado Carlos Leiva. No queda claro cómo supo el segundo de Carlos Zannini del allanamiento en Mutual Propyme.
Pedido de juicio político. Federico Pinedo pidió el "juicio político" de Norberto Oyarbide, por considerar "grave" y "altamente preocupante" que un juez federal haya suspendido un allanamiento luego de recibir un llamado del Gobierno.
"El reconocimiento por parte de Oyarbide de frenar un operativo después de recibir un llamado de un señor cercano al secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, exige que se le inicie juicio político", remarcó Pinedo.
El diputado añadió que "resulta altamente preocupante que un juez federal suspenda operativos por recibir llamadas de funcionarios del Gobierno y, por otro lado, que reconozca tener contacto con los mismos de manera informal".
Por su parte, el diputado y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró un "hecho gravísimo" que el juez haya suspendido el allanamiento. "Parte de la credibilidad de la Argentina tiene que ver con la responsabilidad de todos de consolidar la independencia de poderes y más la independencia del Poder Judicial, que hace que tengamos una herramienta para revisar las conductas y el marco normativo del país", advirtió Massa.
Por último, el Consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, declaró que el juez federal Norberto Oyarbide debe ser investigado por su decisión de suspender el allanamiento realizado el 19 de diciembre de 2013 a la financiera Propyme.
"Una vez mas, la conducta del juez Oyarbide genera un escándalo que daña la imagen de la Justicia”, fustigó el consejero. Asimismo, explicó que “el tema está siendo investigado por la Cámara Federal y sus resultados deberán remitirse al Consejo de la Magistratura apenas lleguen a una conclusión, de esa manera se podrán aplicar todas las leyes que correspondan".
“No soy optimista sobre el progreso de ninguna denuncia contra el juez Oyarbide ya que sistemáticamente es protegido por el gobierno a través de los votos ‘k’ en el Consejo y por eso jamás ha avanzado ninguna de las muchas denuncias que he presentado", afirmó Fargosi, para luego expresar que “de ser cierto que un allanamiento se suspendió por pedido del Poder Ejecutivo, se trataría de un hecho gravísimo que deberá investigarse hasta en sus mínimos detalles”.
