Caso Schoklender: el gobierno dice que debe preservar la información en causas por lavado
Tras las presiones por los presuntos negocios oscuros en el negocio inmobiliario que manejaba uno de los hermanos, la UIF se llamó a silencio. El comunicado.
"La UIF tiene la obligación legal de preservar la información que oportunamente puede dar sustento a una causa judicial", aseguró en un comunicado el titular de esa entidad José Sbattella.
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"Las investigaciones administrativas que realiza la Unidad se encuentran protegidas por el secreto que la ley 25.246 impone a todos los funcionarios y empleados del organismo, por lo que el inicio, trámite y evolución de tales procesos es completamente confidencial. La referida ley establece sanciones de seis meses a tres años de prisión para el agente de la UIF que cometa infracciones a su artículo 22", detalla el escrito.
"Consecuentemente, los funcionarios y empleados de la UIF están legalmente impedidos de difundir datos sobre las investigaciones administrativas que realiza el organismo", aclara.
Quiroz -detenida por la dictadura en 1976 y liberada en 1983- señaló que denunció a Sergio Schoklender por irregularidades en la adquisición de terrenos en la localidad bonaerense de José C. Paz.
"Nadie investiga nada", se quejó la legisladora en referencia a la denuncia que está en poder de la Unidad de Información Financiera.
Quiroz explicó que el 28 de febrero del año 2008 "se hicieron dos operaciones inmobiliarias en el mismo día, donde el protagonista fue Sergio Schoklender, quien por un lado compra terrenos por un valor de 95 mil dólares, de los cuales paga 5 mil dólares y el resto en tres cuotas de 30 mil dólares", explicó la legisladora.
