La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó la nulidad de "los dictámenes de los fiscales" y de la citación a indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini, prevista para el jueves 20, en la causa por asociación ilícita donde se le atribuye haber privilegiado al empresario Lázaro Báez con el otorgamiento de obra pública.
El abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, presentó un escrito de 65 paginas ante Ercolini donde cuestionó el dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, a los que acusó de "direccionar" la pesquisa, y aportó sus propios números sobre la obra pública y afirmó que Báez ocupó el puesto 38 en la lista de adjudicatarias en todo el país.
"En el ranking de la obra pública efectuada con recursos nacionales, que asciende a la suma de U$S 107.825 millones, este grupo empresario se encuentra en el número 38", describió, a lo cual "puede agregarse, también como curiosidad, que numerosas empresas que se encuentran en los primeros 5 lugares del ranking, alguna no solamente tiene vínculos, no ya de amistad sino de parentesco directo con el actual Presidente de la República", como "el caso de IECSA, propiedad de Angelo Calcaterra, primo hermano del Presidente y tercera en el ranking".
Y sostuvo que "muchas de ellas aparecen en varias jurisdicciones y en distintos tipos de obra". Enterada del pedido, la diputada Margarita Stolbizer, denunciante en las causas Los Sauces y Hotesur, cuestionó la estrategia de la ex presidenta: "La Argentina necesita explicaciones y no excusas ni dilaciones. La Sra. de Kirchner debe contestar en la justicia pero también rendir cuentas ante la ciudadanía sobre todos los hechos de corrupción por las que es investigada", afirmó en un comunicado.
Los fiscales Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de la ex presidenta y de una treintena de ex funcionarios y empresarios. Ahora, el juez Ercolini deberá evaluar el contenido del escrito, en donde se pide la nulidad de la indagatoria.
La ex mandataria reclamó también la "readecuación del objeto procesal de esta causa, para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares".
En su escrito la ex presidenta también denunció "la 'matriz de corrupción' que hoy se ha instalado en un sector de nuestro Poder Judicial (Partido Judicial) y que pretende transformarlo en un simple instrumento de persecución política que sigue de manera obediente la agenda que se le marca desde el Poder Ejecutivo Nacional y los medios concentrados de prensa".
La ex mandataria criticó "cuando se bombardea mediática y judicialmente con la existencia de 'sobreprecios' en la obra pública y 'favoritismo' en la asignación de la misma".
"¿O es que si hubo 'sobreprecio' o irregularidades, sólo se produjeron respecto de una sola empresa y en una sola provincia? No resultaría lógico y mucho menos aún verosímil, lo cual demuestra lo sesgado de la imputación fiscal y que el único direccionamiento que se visualiza en el expediente es el que hacen los fiscales con su imputación", añadió.
