Unos 100 intendentes y ex jefes comunales quedaron al borde del procesamiento por el supuesto desvío de más de $ 604 millones que recibieron de la cartera de Medio Ambiente para mejorar el tratamiento de la basura en sus municipios. Los fondos habían sido distribuidos por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015 “sin control”, de “manera arbitraria” y con “desigualdad en la distribución de los fondos”, según consta en la causa. El juez a cargo de la investigación es Claudio Bonadio, quien indagó durante 2018 a intendentes y ex intendentes de distintas provincias.
El magistrado tiene un proyecto casi listo para resolver la situación de los jefes municipales pero el fin de año lo encontró analizando el acuerdo con el último de los arrepentidos del caso de los cuadernos y la decisión sobre los intendentes pasó para 2019, justo antes del inicio de la campaña electoral.
La investigación se centra de el ex Programa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. En el expediente consta que más del 75% de los proyectos no fueron realizados o completados, a pesar de haber recibido los fondos del Ejecutivo. También, que el dinero fue direccionado principalmente a municipios de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz, que obtuvieron casi el 80% de las partidas destinadas al programa. Al mismo tiempo se negaron fondos a intendentes de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, y a la jefatura porteña.
Se suponía que los municipios recibían millones para cambiar o mejorar sus políticas de tratamiento de residuos, con el objetivo de mermar los efectos de la acumulación de basura. Los proyectos estaban destinados a erradicar basurales a cielo abierto, comprar maquinarias y vehículos para la recolección y realizar campañas de concientización. Otros también apuntaban a construir o ampliar plantas de tratamiento, de relleno sanitario, fomentar la separación de origen y las plantas de reciclado.
Los intendentes presentaban los proyectos y el Ejecutivo giraba el dinero pero luego nadie controlaba qué se hacía o se dejaba de hacer con el dinero. De los primero 121 proyectos analizados en el expediente se probó que los intendentes solo realizaron 22, es decir, apenas el 18 %. El resto, un 36 % (44 casos), se cumplió de forma parcial o con observaciones y el 46 % ni siquiera se hizo (55 proyectos).
En los casos en los que los municipios dijeron que destinarían el dinero para “campañas de concientización”, no se hallaron registros, folletos o cualquier otro material que demostrara que se realizaron. En otros casos se pudo constatar la compra de parte del equipamiento para las plantas de separación de residuos pero este nunca fue instalado o utilizado.
En Quilmes recibieron más de $ 10,5 millones para instalar una planta de separación y clasificación de residuos y la compra de cuatro camiones con caja volcadora. Sin embargo, nunca se hizo porque el municipio no disponía del predio necesario para montar el proyecto. En Río Gallegos recibieron unos $ 60 millones. El resultado: el proyecto fue “inviable”, según las autoridades que lo auditaron, y la situación de la basura nunca mejoró.
Alrededor del 30% de los recursos de este programa se destinó a municipios del Chaco (que resultó la provincia más beneficiada, especialmente mientras Capitanich era jefe de Gabinete). Los auditores determinaron que, sin embargo, el Chaco genera el 0,81% de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional. También detectaron que casi siempre se enviaba la misma suma a distintos proyectos, sin importar sus similitudes o diferencias: se les asignaban $ 3,5 millones de forma repetida tanto a municipios de 651 habitantes como a intendencias de 32.714. habitantes.
