El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el secretario de Medios de Comunicación, Alfredo Scoccimarro, fueron desligados definitivamente de la investigación penal sobre supuestas irregularidades en un spot en el que se criticaba al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el programa televisivo "Fútbol para Todos".
Así lo informaron hoy fuentes judiciales y señalaron que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa porque ésta se quedó sin querellantes (anteriormente eran dos legisladores del PRO) y el fiscal Federico Delgado desestimó la denuncia por inexistencia de delito.
Además de Abal Medina y Scoccimarro, quedaron desvinculados del caso el exsubsecretario de Comunicación, Rodrigo Rodríguez, y el subsecretario de Medios, Gustavo Fernández Russo.
Según consignó la agencia DyN, el magistrado consideró que la clausura de la investigación es obligatoria "ante el panorama delineado, encontrándose el Tribunal ante la inexistencia de un requerimiento de instrucción fiscal en los términos del art. 180 del catálogo procesal y no habiendo -como se dijo- particular ofendido como para que el proceso pueda ser de todos modos".
En junio, la Cámara Federal porteña había apartado a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Daniel Presti como querellantes, con lo cual la causa se quedó sin acusadores pues el comienzo del expediente el fiscal no había instado la investigación.
Para la Sala I de la Cámara Federal -la misma que apartó al primer juez del caso, Claudio Bonadío y anuló las indagatorias de los acusados- Ritondo y Presti no tenían "un especial, concreto y directo perjuicio" para ser querellantes. Los legisladores habían denunciado a Abal Medina, a Scoccimarro, Rodríguez y Fernández Russo por malversación de caudales públicos por la emisión del spot.
Se trataba de una publicidad que fue emitida el 11 de agosto de 2012 en el entretiempo del partido River-Estudiantes en el que se criticaba a Macri, por un conflicto gremial en el subte y que lo enfrentaba al Gobierno de Cristina Kirchner.
El juez Bonadío citó a los cuatro funcionarios a indagatoria pero luego la Cámara lo apartó de la causa porque declaró nula su intervención, ya que no había resuelto un planteo de las defensas, lo que fue considerado una violación a la garantía de defensa en juicio.
El abogado de los funcionarios, Diego Pirota, el mismo letrado que defiende al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, objetó que los legisladores del PRO sean considerados querellantes, planteo que fue aceptado por la Cámara.
