POLITICA
juicio por la obra pública

Cierran los alegatos de los fiscales con la expectativa en las condenas que pedirán

El lunes es la novena jornada donde Luciani y Mola vienen presentando las pruebas para concluir que Cristina Kirchner y otros doce imputados son parte de una asociación ilícita que defraudó al Estado para favorecer a Lázaro Báez. El pedido de condena podría ir de los cinco a los 16 años de prisión. Cuando cierren, empieza el momento de los alegatos de las defensas, que serían en orden alfabético, arrancando por el empresario.

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Luciani. Viene liderando largas jornadas de exposición frente a los jueces, abogados y acusados. | captura de video

Con la mirada puesta en el pedido de condenas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apuntan a concluir el alegato en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y otras nueve personas acusadas de integrar una organización dedicada a defraudar al Estado mediante la adjudicación de obra pública a favor de Austral Construcciones.

Luciani y Mola son los únicos acusadores en el debate tras el desistimiento de la Oficina Anticorrupción en el cierre de la ronda testimonial y el de la Unidad de Información Financiera (UIF) que, y durante poco más de dos horas y media de la única audiencia que empleó para alegar, se abstuvo de hacer pedidos de condena a los 13 acusados por falta de pruebas.

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En los tribunales de Comodoro Py se comenta que la de mañana será una audiencia “histórica y de gran expectativa”, haciendo alusión a la jornada donde se espera que los acusadores públicos enmarquen sus conclusiones, realicen el cierre conceptual y ante el tribunal oral número 2 formulen los requerimientos de condena.

Dicha exigencia podría rondar entre los cinco y 16 años de cárcel; esto surge de la expectativa de pena acorde a la calificación a la que Luciani y Mola llegan a esta instancia del juicio.

Al cierre del alegato de la UIF, el fiscal Luciani ya había adelantado que iba a hacer uso de todas y cada una de las audiencias para su intervención. Contando la octava y última jornada de este viernes, el Ministerio Público Fiscal expuso durante poco más de 65 horas.

Los argumentos. A lo largo de todo ese tiempo, Luciani dio por probado que, “entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal de características singulares” y que tuvo “en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos” con el fin de extraer “fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros”.

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Ante esto, los fiscales habían anticipado que iban a acusar por presunta asociación ilícita y defraudación a los imputados. Sin embargo, y cerca del final de la audiencia del viernes, sostuvieron sobre Carlos Kirchner, primo del ex presidente, que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la presunta asociación ilícita y que “no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva”.

Para encuadrar la acusación, los fiscales pusieron de manifiesto y evaluaron diversos elementos, el primero fue el teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas José López, también juzgado, del que se extrajeron chats donde se comunicaba con empresarios y con otros, por entonces funcionarios públicos, sobre obras públicas y licitaciones en la provincia de Santa Cruz.

Además de las comunicaciones vía texto de la que según los acusadores también sostuvieron José López y Lázaro Báez, Luciani hizo énfasis en un chat donde se hacía alusión a un encuentro entre Cristina Kirchner y Báez. Dicha conversación hallada en el celular de López se dio entre él y Julio Mendoza, en su momento gerente de Austral Construcciones a finales del 2015, cerca del fin del mandato de Cristina.

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Otro de los factores expuestos por Luciani y Mola son las licitaciones otorgadas a la firma propiedad de Báez, de las que manifestaron “fueron una ficción y una puesta en escena, para darle aspecto de legalidad a lo que en los hechos fue una contratación directa”, para ello mostraron las ofertas a varias obras del Grupo Petersen que eran superadoras, pero que terminaban ganando empresas del Grupo Austral.

Respecto a Lázaro Báez y sus empresas, los fiscales argumentaron que el emporio santacruceño fue un instrumento creado como una firma vial, para montar una estructura “que permitió de manera sistemática actos de corrupción”. En ese sentido, también hicieron un análisis pormenorizado del crecimiento del patrimonio de Báez y de la extensión de sus propiedades de las que, y mediante una comparación de superficie, el fiscal Luciani concluyó que “Lázaro y su grupo compraron el equivalente a veinte ciudades de Buenos Aires” en Santa Cruz.

Las defensas. Con el cierre del alegato de los fiscales, se abre el turno para las defensas. Se espera que la primera sea la del propio Lázaro Báez, a través de sus abogados Juan Villanueva y Elizabeth Gasaro. El ex titular de Austral Construcciones permanece bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica por orden de la Justicia que rechazó su pedido de excarcelación en otra causa donde es investigado por lavado conocida como “El Entrevero”.

 

El juicio

  • Si no hay una prórroga, mañana los fiscales Luciani y Mola cerrarán sus alegatos con el pedido de condenas para los acusados.
  • Ya anticiparon que para Carlos Kirchner, primo del ex presidente, pedirán la absolución por falta de pruebas.
  • Para Cristina Kirchner, en tanto, se cree que por los delitos que le imputan la pena podría ir de cinco a 16 años de prisión.
  • "Lázaro y su grupo compraron el equivalente a veinte ciudades de Buenos Aires", alegó el viernes Luciani.
  • El martes comenzarían alegatos de las defensas.