Este martes 18 de agosto tuvo lugar la séptima ronda de alegatos en el juicio por redireccionamiento de obra pública conocido como Causa Vialidad, que tiene entre sus principales acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El viernes, la Justicia rechazó las recusaciones que la defensa de la ex Presidenta había presentado contra fiscales y jueces de la causa por parcialidad.
Desde las 8.30 de la mañana, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola le dieron continuidad a las acusaciones contra un supuesto entramado de corrupción registrado entre los años 2003 y 2015, orientado a favorecer en las licitaciones a la empresa constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones. “La asociación ilícita duró 12 años”, aseguró el fiscal Luciani.
Luciani habló de mensajes de funcionarios que "actuaron en connivencia con las empresas" en las licitaciones
“Todos los funcionarios aquí imputados realizaban un seguimiento celoso de las licitaciones públicas”, dijo Luciani al mostrar los mensajes entre el ex ministro José López y los empresarios a cargo de obras en Río Gallegos, en el que mencionan pedidos y consultas “de la Presidenta” o "de la Señora".
“Esto demuestra que de ningún modo eran ajenos a los procesos licitatorios, su avance y su ejecución”, analizó y señaló que los funcionarios "actuaron en connivencia con las empresas, de forma opaca”.
Fiscal Mola: "Hubo una matriz que se replicó en todas las obras"
Al retomar su exposición, el fiscal Sergio Mola siguió mostrando las irregularidades de las licitaciones y dijo que “no son hechos aislados, se trató de una matriz que se replicó en todas las obras”.
Entre otros hechos que, consideran, prueban la relación entre los Kirchner y Lázaro Báez, mencionó la cantidad “impresionante” de visitas de Báez y otras personas que iban a la Quinta de Olivos de parte de él. Estas visitas, dijo, “lo que hacen es terminar de robustecer y confirmar lo que fuimos viendo a partir de distintas pruebas”.
“No es una prueba por sí misma, pero se complementa y guarda relación con el resto”, detalló sobre las reuniones entre estas personas y funcionarios como Roberto Baratta, por entonces secretario del ministerio de Planificación.
"Es evidente que tenían un claro interés económico, financiero y personal", dijo Luciani sobre Néstor y Cristina Kirchner
"Estas cuestiones que durante doce años pasaron inadvertidas, para funcionarios y para la ciudadania, en rigor son claros actos de corrupción", describió el fiscal. Y siguió: "Pero además, dados los claros negocios que mantenían los entonces Presidentes de la Nación con Lázaro Baez, un claro conflicto de intereses".
En ese marco, habló de una cantidad de negocios y "su clandestinidad, irregularidades y su extensión en el tiempo", que "nos muestra que ese fue el móvil con Lázaro Báez y sus empresas".
"Estamos hablando de la más alta jerarquía del Estado, se trató de los presidentes de la Nación. Es evidente que tenían un claro interés económico, financiero y personal", consideró Luciani.
Para el fiscal Luciani, la "asociación ilícita" que funcionó en el Gobierno duró 12 años
"Si hasta acá esto es grosero, hay muchísimo más", detalló Luciani al detallar una serie de ventas y operaciones que realizó Néstor Kirchner con la firma Austral construcciones.
“La asociación ilícita duró 12 años”, aseguró el fiscal Diego Luciani. “Hubo un conjunto de decretos firmados por Cristina Kirchner que permitieron la ampliación de los créditos reales, esto es decisiones administrativas que modificaron los presupuestos”, detalló.
El fiscal dijo que se trató de "una decisión de las máximas autoridades, los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para direccionar fondos a favor del conglomerado empresarial de Báez", agregó.
En ese sentido, explicó que desde el Poder Ejecutivo "se subestimaron los presupuestos y se manejaron a discreción los excedentes”.
Asimismo, Luciani hizo foco en responder a los argumentos de la defensa sobre que todas las obras públicas cuestionadas habían recibido aprobación por parte del Congreso al sancionar las normativas que avalaron los informes anuales de la "cuenta de inversión". Consideró que eso fue un "mero formalismo", que los informes se aprobaron cinco años después de los ejercicios.
"Lisa y llanamente les mintieron", disparó luego Luciani en relación a la información que el Poder Ejecutivo le remitió al Congreso, la cual señaló que era "escasa" y que imposibilitaba realizar un control real. "Las posibilidades de control de acuerdo a la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso fue nulo”, dijo.
La desvinculación de los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner
En esta séptima jornada, el fiscal Luciani retomó el análisis de la partida presupuestaria asignada a los contratos adjudicados a Lázaro Báez. En este sentido, afirmó que dicho análisis "expone una absoluta discrecionalidad sobre los cuantiosos recursos públicos destinados al Grupo Báez".
Asimismo, cabe destacar que, en esta oportunidad, la Fiscalía desvinculó de los hechos quienes fueron los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner durante sus dos presidencias. Ellos son Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.
"Los jefes de Gabinete fueron cambiando pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo", explicó el fiscal y señaló, además, que quienes sí se mantuvieron fueron Julio de Vido como ministro de Planificación Federal y Nelson Periotti como titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
Tras el inicio de su alegato, Luciani le pasó la palabra al fiscal Mola, quien continuó haciendo énfasis en que "no existía ninguna intención de controlar".
El fiscal Sergio Mola habló de "corrupción de carácter generalizado y sistemático"
"Los imputados en la causa conocían perfectamente el funcionamiento de las estructuras del Estado y fueron utilizando ese conocimiento para evadir y neutralizar la actuación de los organismos de control", argumentó el fiscal.
El funcionario judicial reinterpretó el informe de auditoría ordenado por Javier Iguacel, el primer titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, que concluyó en que las irregularidades en la obra pública asignada a Báez eran menores.
La fiscalía atribuyó esa consideración a que los auditores tuvieron sólo 15 días para recorrer más de seis mil kilómetros y que el propio informe explica que sus conclusiones no son definitivas.
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Mola remarcó que la ausencia de controles a la actividad gubernamental y administrativa posibilitó el desarrollo de una "corrupción de carácter generalizado y sistemático".
"Queremos demostrar el limitado, precario o ineficiente funcionamiento de los organismos de control dispuestos por la ley con relación a la función que tenían que desarrollar, situación que fue organizada, aprovechada o mantenida por la propia administración en el marco del plan criminal que se desarrolló", explicó.
A su vez, el fiscal señaló que querían abordar "el desentendimiento y deslegitimación infundada de las alertas, avisos y denuncias que se fueron sucediendo con relación a las irregularidades y hechos de corrupción que se venían desarrollando".
Al mismo tiempo en el que se desarrollan el juicio y los alegatos, un grupo de personas se acercó al acceso de los tribunales en Comodoro Py para expresar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así, desplegaron una bandera con su rostro y las leyendas: "Siempre sale el sol" y "Con Cristina no se jode".
Por su parte, el fiscal Mola continuó con su alegato e hizo hincapié en la figura del Síndico, encargado de controlar la "legalidad y régimen contable" e insistió en que nunca se designó a quien debía ocupar dicho cargo para controlar las obras administradas por Vialidad provincial.
“No lo designaron porque no querían que se controle nada, porque Vialidad provincial funcionaba como un apéndice de todo lo que se decidía a nivel nacional, su función era la de distanciar las responsabilidades en un proceso de adjudicaciones de contratos hacia empresas que no tenían capacidad de hacer obras, con licitaciones simuladas con el único fin de direccionar fondos hacia las empresas de Báez”, sostuvo.
Al respecto, Mola argumentó: "Esto no es por Lázaro Báez, no es porque era una persona muy querida y demás, es porque Báez representaba los intereses de los entonces presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández".
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A su vez, el fiscal también hizo referencia a los "órganos parasitados" que impidieron que exista un control real y tomó como ejemplo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN): "El mensaje que emana del Poder Ejecutivo fue nefasto, designaron en el organismo que debía controlar, entre otras cosas, las obras bajo la órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido, a su esposa Alessandra Minnicelli. El mensaje fue claro".
“Invisibilizar los controles sobre Austral Construcciones fue parte de la maniobra delictiva”, insistió Mola.
Además, el fiscal señaló a Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, como los organizadores de "todo este desajuste para evitar todo tipo de fiscalización y garantizar los beneficios a Báez".
Los argumentos de los fiscales para llevar adelante la acusación
En sus últimas presentaciones, tanto Luciani como Mola alegaron que no sólo hubo preferencia por la empresa patagónica, sino que las obras no se realizaron e incluso recibieron sus pagos con anterioridad. "El sistema de corrupción estaba planificado por las máximas autoridades del país", dijo Mola en uno de sus alegatos.
Luciani, por su parte, habló de una extensión en los plazos de finalización de las construcciones. "Eran 32 obras en simultáneo de las cuales 22 ya habían superado notablemente los plazos previstos para su terminación pero se le iban haciendo extensiones de plazo", manifestó.
En total, son 51 obras las que los funcionarios judiciales investigan por presunto direccionamiento, incumplimiento en los plazos y falta de culminación. Además de la Vicepresidenta, se encuentran en el banquillo ex funcionarios como Julio De Vido y José López. El resto de los acusados son diez.
El TOF 2 rechazó las recusaciones de Cristina Kirchner
El último viernes el Tribunal Oral Federal 2 rechazó las recusaciones que Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, había presentado contra los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, y los fiscales Mola y Luciani.
La Vicepresidenta había pedido a su defensa acusar a Giménez Uriburu y Luciani por lazos personales, luego de que Página 12 realizara una investigación que mostraba una relación amistosa entre ambos por compartir el mismo equipo de fútbol. El mismo combinado jugaba los fines de semana en la quinta Los Abrojos de la familia Macri.
"Me recusan por considerar que me une una amistad con el doctor Giménez Uriburu que hubiera provocado temor de parcialidad. La circunstancia de coincidir en una actividad deportiva, académica, no es motivo de recusación. La ley no lo contempla", expresó Luciani en su defensa, antes de la decisión del TOF 2.
También acusó un "inusitado" ataque de un sector de la política y los medios en su contra. Además, aclaró no tener ningún vínculo con el ex presidente Mauricio Macri.
En el caso de Mola, fue acusado de tener relaciones estrechas con la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado Cristian Ritondo, quienes asistieron a su jura como fiscal cuando eran funcionarios durante el gobierno de Cambiemos. De acuerdo a esta nota de PERFIL, en aquellos años realizó dos visitas a la cuestionada Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En el rechazo a las recusaciones, los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso consideraron que las vinculaciones personales "que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”. Paradójicamente, Gorini falló a su favor en la recusación que lo vinculaba con Luciani y Giménez Uriburu.
