La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este miércoles 7 de julio un informe que reveló un cúmulo de "irregularidades e inconsistencias en la asignación y ejecución de la publicidad oficial en 2017 y 2018", durante el gobierno de Cambiemos, y ahora evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal ante la justicia.
El informe de la AGN, difundido por la Jefatura de Gabinete, hace referencia a distintos incumplimientos relacionados con la falta de una debida planificación de la publicidad oficial, como así también a millonarias asignaciones a empresas con las que el entonces espacio gobernante había estado vinculado en períodos de campaña electoral, como es el caso de Latín American Comunications S.A. (LatCom).
El informe aprobado por la totalidad del Colegio de Auditores Generales incluye una auditoría al Programa 19 de "Prensa y Difusión de Actos de Gobierno" en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que implementó bajo la órbita de la Secretaría de la Comunicación Pública que encabezó Jorge Grecco.
"De los datos relevados, se desprende que la firma Latin American Comunication SA, durante el ejercicio 2017, recibió el 40,7% del gasto total en publicidad oficial para vía pública, importe que supera en aproximadamente un 1.200 % el monto asignado a la firma proveedora ubicada en segundo orden de prelación", informaron desde la AGN.
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El informe fue aprobado por el Colegio de Auditores que sesionó hoy -en forma virtual- con la presencia del titular de la AGN, Jesús Rodríguez, y la participación de los auditores generales María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva, consignó la agencia Télam.
En los hallazgos de la auditoría se evidencian incumplimientos relacionados con la planificación de la publicidad oficial, en particular, en lo referido a la inexistencia de un documento aprobado que defina la estrategia anual de comunicación, incumpliéndose de esta manera con el artículo 1° del Anexo a la Resolución 617-E/16, informaron desde la AGN a través de un comunicado.
Otro incumplimiento se refiere a la ausencia de un Plan Anual de Publicidad Oficial: "Si bien la Resolución SCP 247-E/16 determina los criterios que regulan la distribución de la pauta oficial entre los distintos medios de comunicación, en la totalidad de los expedientes compulsados no surge la fundamentación y aplicación de dichos criterios. Ello impide determinar si la distribución de la pauta se efectuó de conformidad con lo dispuesto por la citada Resolución, o si la misma se asignó en forma discrecional apartándose de los criterios reglados por la norma".
"Dichas contrataciones no se registraron en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 -período en el que efectivamente se emitió la Orden de Publicidad, ejecutó el servicio y facturó-, sino que fueron registradas en el año 2018 como si esos hechos hubieran ocurrido recién en ese ejercicio", agregaron.
Asimismo, se concluye que "haber emitido Órdenes de Publicidad en el año 2017 por $ 584.500.046,45 sin contar con crédito disponible en el presupuesto del organismo vulnera principios de orden financiero y de cumplimiento de la propia Ley de Presupuesto como herramienta de planificación y control preventivo en la administración de los recursos del Estado, y un incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 29 de la LAF".
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También se relevó que en la campaña "Haciendo lo que Hay que Hacer", la cual representó el 45% de la ejecución presupuestaria del año 2017, se emitieron órdenes de publicidad sin contar con la aprobación del crédito presupuestario, informaron.
En ese sentido, se cuestionó la contratación directa por especialidad no debidamente acreditada: "Falta de acreditación de constancias que avalen la fundamentación para contratar en forma directa por especialidad. El hallazgo se refiere a 14 contratos ($140.617.703,50) sobre una muestra de 42 expedientes relevados ($268.679.287,32) importe que representa el 52,33% de dicho universo".
"En los procedimientos de adjudicación simple por especialidad, la incorporación al expediente de constancias que acrediten, respecto del contratista seleccionado, su condición de único proveedor constituye un requisito formal de cumplimiento ineludible. La mera invocación de datos o declaraciones sin respaldo documental, resultan insuficientes por sí mismas para justificar un procedimiento de contratación directa por especialidad", aseguraron en el informe.
Y concluyeron: "Falta de justificación del precio o valor de la oferta presentada. El hallazgo se verificó en relación a 19 expedientes de contratación por un total de $144.330.084,50 sobre una muestra de 42 expedientes relevados ($268.679.287,32) importe que representa el 53,71% de dicho universo".
Una vez aprobado el informe, por la totalidad del Colegio de Auditores Generales, fue remitido a la Secretaría Legal e Institucional de la AGN para que evalúe la posible presentación de una denuncia penal ante la Justicia.
ED / ds
