Las grandes construcciones requieren de confianza. La credibilidad puede tornarse en un sendero sinuoso y hasta frágil.
Uno de los mayores desafíos que se le presentan al ser humano es el creer. Proviene del latín, credere y exige cierto grado de veracidad respecto a algo que no se conoce de manera directa y, por lo tanto, no se detenta. Encierra en sí mismo un tinte de fe: certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve (Hebreos 11:1). La fe sin obras es muerta ya que requiere de una ejercitación para activarla y hacerla crecer.
Así como para el iuspositivista austríaco, Hans Kelsen (1881-1973), la validez de una norma jurídica se basa en otra anterior que también lo sea, para el ciudadano, la exigencia sobre un gobierno descansa en la credibilidad sustento de legitimidad. Esa legitimidad se tornará en materialidad fundada en depósito de confianza.
El pueblo en tanto soberano detenta legitimación activa para demandar al gobernante de turno resultados concretos a lo largo de su gestión.
La historia de los ciclos económicos de nuestros país es un fiel reflejo de un mal endémico que nació primeramente en una credibilidad política viciada.
Lejos de la "pobreza cero", el gobierno todavía confía en su rumbo económico
Aldo Ferrer identifica en las fluctuaciones de la producción y el empleo así como en el ajuste de los pagos internacionales, una serie de prototipos de ciclos que guardan un correlato con la evolución histórica económica.
El periodo primario-exportador comprende desde 1880 hasta la crisis del treinta caracterizado por un fuerte endeudamiento externo, el desarrollo de una estructura agropecuaria basada en las exportaciones y un mercado mundial ávido de nuestros productos. La economía argentina presentaba una dependencia absoluta al movimiento favorable o adverso de flujos de capital en parte dirigido desde el Banco de Inglaterra a partir de la baja o alza de la tasa de interés. La detención económica de los flujos perforaba automáticamente la matriz productiva del país. Ejemplo de ello han sido las crisis de 1890 y 1930.
Le sigue el periodo industrial sustitutivo de importaciones abarcando tres décadas corridas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis político-económica de 1974-75. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones permite vincular los ciclos económicos al mercado interno y externo a la vez. Los tiempos de “vacas gordas" abrían paso a una etapa de auge caracterizada por el aumento de la producción industrial relacionada directamente al consumo local. Se aumentaban las importaciones en pos de adquirir bienes de capital e insumos básicos y se reducían las exportaciones debido a la mayor demanda interna que provocaba la suba del salario real y de los niveles de ingresos. El dilema lo presentaba el déficit en la balanza comercial a partir de la disminución de las divisas abriendo paso a una fuerte devaluación. El corolario: aumento del precio de los productos agrarios exportables y de los insumos importados. En una palabra, se trata de un círculo vicioso cuyos componentes son: crisis del sector externo, inflación y políticas monetarias restrictivas.
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Por último, denominado por Ferrer, el ciclo de “Hegemonía financiera" a partir de la desregulación de la tasa de interés y del régimen cambiario introducido con la reforma financiera de 1977. El modelo rentístico financiero se caracterizó por el endeudamiento externo. El matiz diferencial se dio desde la preponderancia del sector financiero. A un lado quedaron la producción interna y las exportaciones. La apertura irrestricta de los mercados pulverizó literalmente los activos internos. El precio vil de los intercambios y la entrega vergonzosa de la acción de oro de las empresas nacionales, inauguró una etapa nefasta de desguace nacional. Capitales golondrinas y expoliatorios ingresaron al país con total libertad.
Hoy, Argentina se encuentra bajo crisis terminal. Ausencia de política cambiaria, inflación descontrolada, industria paralizada y pulverizada, niveles de pobreza inéditos, tasas de interés desmesuradas que volvieron impracticable el financiamiento del capital de trabajo, dolarización de tarifas de servicios públicos con subas sistemáticas en los combustibles, erosión extrema del poder adquisitivo, retracción de la economía y astringencia del mercado en pos del déficit cero han destruido los umbrales de confianza esperados y necesarios para la construcción de un país.
La especulación, el agiotismo, los premios fáciles para la economía financiera ya eligieron a quién colocar de la vereda opuesta: las fuerzas vivas de una sociedad herida en sus expectativas.
La afección directa a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) en un escenario caracterizado por caída de la demanda, aumento exponencial de costos debido a la escalada inflacionaria sumado a la presión que ejerce la importación fagocitando posibilidades para el desarrollo de los productos nacionales en el deteriorado mercado interno ha llevado al pedido de declaración de emergencia productiva, aduanera, económica, financiera y tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas por el término de 365 días.
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La retracción del consumo horada la prosperidad económica de todo un país. El impacto en los niveles de actividad de las PyMES industriales arrojan al presente, de acuerdo al INDEC, una capacidad instalada de la industria en niveles levemente superior al 50% y, en los sectores mano de obra intensiva, apenas superan el 30% de utilización. Así, desde diciembre 2015 a diciembre 2018 la industria manufacturera ha perdido 125 mil puestos de trabajo, prácticamente un 10% de su dotación laboral.
La emergencia productiva contempla facultar al Poder Ejecutivo Nacional para instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Asimismo suspender el inicio de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por PyMES; retrotraer al 1° de noviembre de 2017 las tarifas de servicios públicos de agua, suministro eléctrico y gas de jurisdicción nacional a las micro, pequeñas y medianas empresas; la adopción por parte del Ejecutivo de medidas de asistencia técnica y financiera destinadas a la recomposición de la capacidad productiva de las PyMES.
Emergencia productiva coronada de emergencia social. Duele en el corazón, en el alma, la industria de pobres que crean los gobiernos.
Desapego a las instituciones. Descreimiento de la institución de la palabra, de la moneda, de los anuncios.
Necesitamos volver a creer porque sin legitimidad no podremos imprimir nuevas visiones para comprender que el tiempo es aquí y ahora.
Gretel Ledo es Analista Política. Magister en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Università di Bologna). Abogada, Politóloga y Socióloga (UBA).
