El gobierno de Javier Milei dio un paso determinante en la configuración de su estructura de seguridad al formalizar una reforma profunda en los sótanos de la inteligencia civil. A través del Decreto N° 1021/2026, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) presentó un nuevo estatuto que deroga normativas previas y da nacimiento al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.
La medida, impulsada directamente por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, quien responde políticamente a Santiago Caputo corona el proceso de reestructuración que la administración central viene ejecutando desde los primeros meses de 2026. Según explicaron desde el entorno oficial, el propósito medular de este vuelco normativo es edificar una estructura civil integrada por los mejores perfiles, despolitizada y preparada para defender los intereses estratégicos de la República Argentina, intentando dejar atrás la histórica discrecionalidad y el uso faccioso del organismo.
Se trata de un movimiento que buscaría volver a la SIDE previa a que Jaime Stiuso tome una total influencia allá por el año 2002. La normativa representa un intento de institucionalización y profesionalización del espionaje local a través de una carrera profesional formal para los agentes. El texto oficial reglamenta con minuciosidad quirúrgica las reglas de ingreso, las promociones internas, el régimen de remuneraciones y las causales de egreso.
El primer gran filtro diseñado radica en las condiciones de acceso al organismo. A partir de la vigencia de la norma, la incorporación formal estará estrictamente supeditada a una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso impartido por la Escuela Nacional de Inteligencia, cuya aprobación con notas de excelencia será un requisito obligatorio y no negociable.
Los aspirantes deberán cumplir con requisitos de base como ser argentinos nativos o por opción, mayores de edad y contar con estudios secundarios completos como mínimo. No obstante, la verdadera barrera de contención se encuentra en la obligatoriedad de superar rigurosos controles de contrainteligencia, que incluyen exámenes socioambientales cruzados, pruebas psicotécnicas y patrimoniales para evitar la filtración de elementos externos o delictivos.
En ese marco hubo ruido y versiones que indicaban que Juan Bautista “Tata” Yofre, actual jefe de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) dejaría su cargo, pero todavía no está claro.
De acuerdo a las nuevas normas, una vez adentro de “La Casa”, los agentes se encontrarán con una estructura de carrera rígidamente estratificada según el nivel de formación académica formal. El personal se distribuirá en tres grandes escalafones: el Cuadro A, reservado para quienes posean títulos universitarios o de posgrado; el Cuadro B, destinado a personal con formación técnica o terciaria; y el Cuadro C, para quienes ingresen con el ciclo secundario completo. Cada cuadro contará con sus propias categorías de promoción interna, pero con un cambio doctrinario fundamental: se terminan los ascensos automáticos por antigüedad. En el nuevo esquema, para escalar en la jerarquía se exigirán períodos mínimos de permanencia en el grado, la acreditación de una aptitud psicofísica constante, la realización de cursos de capacitación obligatoria y, fundamentalmente, la obtención de evaluaciones de desempeño favorables.
Entre las cláusulas del estatuto resalta un llamativo límite territorial que impacta de lleno en la logística de los espías: el personal tendrá la obligación de fijar su residencia a una distancia menor a los 200 kilómetros de su lugar de trabajo u objetivo operativo asignado, una medida orientada a garantizar la disponibilidad inmediata ante crisis de seguridad nacional. El nuevo régimen normativo comenzará a regir plenamente el 1° de enero de 2027, abriendo un período de transición donde el Gobierno se compromete a reconocer la antigüedad acumulada y la formación del personal actual, un proceso que promete abrir un frente de tensión interna con la vieja guardia de los servicios de inteligencia.
El relanzamiento de la carrera dentro de la SIDE se dan también en coincidencia con los reciente aumentos presupuestarios para el organismo. En julio recibió casi $50 mil millones mientras que en septiembre acumuló un nuevo aumento por $30 mil millones.
