El macrismo quedó a un paso de tener una suerte de mayoría propia en el Consejo de la Magistratura. Lo consiguió tras un fallo judicial muy esperado por el Gobierno. De lograr definitivamente esa modificación dentro del Consejo (todavía falta una instancia de queja por parte del kirchnerista Ruperto Godoy, apartado por no ser abogado), el oficialismo apuraría una serie de cambios en el Poder Judicial. Algunos de los cuales ya fueron preanunciados por Mauricio Macri.
En lo inmediato, el camarista Eduardo Freiler enfrentaría un jury por enriquecimiento ilícito, con pronóstico reservadísimo. El juez Daniel Rafecas quedaría bajo observación crítica, al igual que Alejandro Slokar, de la Cámara Federal de Casación Penal. En una situación parecida se ubicarían los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo, acusados por Macri de integrar la “mafia del juicio laboral”.
El objetivo de máxima del macrismo es que el senador salteño Rodolfo Urtubey, un peronista de perfil dialoguista con el PRO, reemplace dentro del Consejo al kirchnerista Godoy. Si bien la entrerriana Sigrid Kunath figura como primera suplente, el Gobierno preferiría al segundo de la lista: Urtubey. Y algo más: pretende que otro senador curtido en el arte de la negociación, Miguel Pichetto, asuma en lugar de la santacruceña Virginia García.
Senadora y cuñada de Máximo Kirchner, a García se le vencerá el mandato en diciembre, y por lo tanto también quedará afuera del Consejo. Ante ese panorama, el macrismo percibe una oportunidad única para llegar a la mayoría automática (o lo más parecido que tuvo hasta ahora) dentro del organismo dedicado a postular y remover jueces.
Pese a la voluntad macrista, tanto Pichetto como Urtubey estarían dispuestos a sumarse al Consejo, pero recién a fines del año próximo, cuando haya renovación de autoridades. Si entraran los senadores peronistas -Urtubey o Kunath ahora, y Pichetto más adelante-, el macrismo reforzaría su posición dominante: contaría con ocho votos sobre 13, a partir de su alianza con radicales y jueces, más la presencia de dos figuras amigables. O mejor dicho, más abiertas a la negociación que la dupla kirchnerista Godoy y García, actual dique de contención contra las iniciativas del PRO.
En las reuniones plenarias del Consejo, al macrismo le alcanzaría con nueve votos para avanzar con un juicio político. Y circunstancialmente también lo lograría con ocho, en caso de que se formalice la destitución de Godoy (algo muy probable), y haya 12 consejeros presentes.
Entre los movimientos político-judiciales de la última semana, asoma el fantasma de un dirigente peronista y monje negro histórico de Comodoro Py: Javier Fernández, ex estratega de un stato quo que iba desde la ex SIDE hasta los tribunales, pasando por los diferentes ámbitos de la política. Funcional al kirchnerismo durante años, ahora Fernández alterna entre la promesa de jubilación y la cercanía con Pichetto. De ADN peronista, a su vez Fernández niega haber coqueteado políticamente con Daniel Angelici.
Uno de los jueces de la Cámara que ratificó el fallo contra la continuidad de Godoy es el hermano de Javier, Sergio Fernández. Los hermanos, sin embargo, arrastran una larga enemistad. En paralelo, entre los asesores del senador Urtubey figura un operador de la cartera informal de Fernández. Se trata de Hernán Ordiales, quien integró el Consejo de la Magistratura hasta 2014 en representación del Ejecutivo.
Una vez que se concretó la ruptura entre kirchnerismo y la vieja guardia del stiusismo, con Fernández incluido, Ordiales quedó afuera. Y fue Urtubey el encargado de cobijarlo en el Senado.
