En una semana marcada por un nuevo aniversario del último golpe de Estado, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanza con la acusación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. La denuncia tratada este martes tiene que ver con el fallo del máximo tribunal sobre el Caso Muiña que, en 2017, le otorgó el beneficio del 2x1 al represor civil condenado Luis Muiña.
Otro punto caliente de la jornada fue el faltazo de los ex funcionarios de Cambiemos. Fueron citados como testigos y no se presentaron el ex jefe de asesores y actual senador del PRO José Torello, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex secretario de Justicia, Santiago Otamendi, y el ex consejero y operador judicial de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra prófugo en Uruguay.
Por su parte, Garavano notificó ante la comisión que ya tenía previstas otras actividades para este día y que por esa razón no podía asistir, aunque anunció que estaría presente la semana que viene. "Cuando me notifiquen seguramente pediré que se fije una nueva audiencia. Más allá del mal uso que se le esté dando a este instrumento (de juicio político), corresponde en mi caso que soy un abogado de a pie, que ejerce la práctica privada y no tengo ningún cargo público, presentarme como cualquier ciudadano", manifestó en declaraciones radiales.
Mientras tanto, Torello explicó que no asiste porque no puede ser testigo de una causa que él podría ser juez. En caso de avanzar en Diputados (algo difícil que suceda al menos este año) con la instrucción, la Cámara alta sería la responsable del juicio.
"La Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular", explicó el senador en una carta.
Esto mereció la respuesta del oficialismo. El primero en recoger el guante fue el jefe del bloque Germán Martínez. Sostuvo que Torello "es un senador de la Nación, que tiene que decir la verdad y contraponer los hipotéticos fueros". Así fue que destacó que "este es un juicio político, no penal".
A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade del Frente de Todos señaló: "Acá hay que aplicar la doctrina impulsada por el legislador del PRO, Pablo Tonelli, al explicar que consiste en pedir al Senado 'a dispensa de la inmunidad': una suspensión momentánea de la inmunidad funcional".
Con Rodríguez Simón el escenario es un poco más complicado. El ex asesor judicial de Macri tiene una orden de detención en la Argentina que no se cumple porque no está en el territorio nacional. En ese escenario, "Pepín" se comunicó con la comisión a través de una carta donde planteó su situación particular por la cual está en Uruguay y en la que afirmó que "no tiene nada para aportar en la causa".
A pesar de esto, la jornada se lleva adelante con las declaraciones de las víctimas de Muiña en lo que se conoció como "la Patota del Posadas". Gladys Cuervo y Zulema Chester, damnificadas por la represión en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar, dieron su testimonio.
La oposición escuchó con atención y cuando se fueron, los diputados Alejandro Finocchiaro (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) sostuvieron que "era forzado llevar a esos testigos, que no podían dar cuenta de si la Corte Suprema había tenido un buen o un mal desempeño".
"Pensé que se la podía haber citado porque era parte del expediente en el que falló la Corte en este caso", planteó el jefe del bloque UCR, Mario Negri, en la comisión. "¿Había algún motivo en la citación vinculado al fallo?", se preguntó.
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