Luego del lanzamiento de su Movimiento Nacional Sindical Peronista, la pata electoral para disputar lugares en las listas del Frente de Todos, la CGT, con interna incluida, concentra energías en pedidos de fondos frescos para oxigenar a sus obras sociales. Sobre todo, tras el traspié en Diputados de dos artículos del Presupuesto 2023 que garantizaban financiamiento.
Desde la calle Azopardo reconocen la delicada situación económica de las obras sociales sindicales, con una fracción del gremialismo que, ante la consulta de PERFIL sobre el tema, también admite que los dirigentes a cargo de las negociaciones con el Gobierno podrían colocar un mayor énfasis en los reclamos para obtener mejores resultados.
En volumen bajo, se puede oír que señalan que el panorama del sector es crítico, de “tensa calma” y que los fondos estatales que se giraron hasta el momento solo fueron los correspondientes a las prestaciones por discapacidad, en un contexto marcado por un sistema desigual ya que, subrayan, “a las prepagas les autorizan incrementos”.
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Por otro lado, indican que por cada monotributista la obra social cobra 1.700 pesos para el sistema de salud, una cifra escasa para garantizar una buena cobertura, por lo cual hay ciertos representantes que concluyen que la Casa Rosada no brinda las respuestas necesarias para el plan solidario de salud y piden un gesto del ministro de Economía, Sergio Massa, “para los trabajadores”.
En torno a la problemática aparecen voces, como la de Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, integrante de la mesa chica de la central obrera, que tratan de no abrir fuego y públicamente confirman sintonía con el encargado del Palacio de Hacienda: “Con el compañero Massa hemos cerrado la posibilidad de oxigenar el sistema de acá a fin de año, se está cumpliendo el compromiso”, remarcó ante este medio.
Aunque, solicitó una solución para solventar ciertas prestaciones de discapacidad, hoy una obligación de las obras sociales: “Tenemos la obligación de la salud del discapacitado, pero la educación y el transporte son elementos aleatorios que deben asumirse desde otros ángulos. Y el ahorro que pueda obtenerse en ese ámbito queremos que sea volcado a la mejor calidad de la salud”.
Vale destacar, en torno a lo planteado por el experimentado referente, que la Cámara de Diputados votó en contra, gracias a la bancada de Juntos por el Cambio, de los artículos 127 y 128 del Proyecto de Presupuesto 2023, dos textos que consagraban dinero para que el sistema de salud gremial pueda cubrir lo necesario para pacientes con discapacidad y con tratamientos especiales y prolongados. Impulsados ambos por el Frente de Todos, el primero creaba en el ámbito del Ministerio de Salud el Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de Muy Alto Precio. Mientras que el segundo representaba una disminución del impacto del IVA en los sujetos que “presten los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica. Solo resultará de aplicación con respecto a las operaciones realizadas con obras sociales”.
Lisa y llanamente, la medida significaba una asistencia financiera por unos 148 mil millones de pesos en momentos en que, por ejemplo, los ítems educación y transporte para discapacitados representan un gasto de 10 mil millones de pesos mensuales, como se encargan de subrayar distintas fuentes de la CGT.
