La Justicia Federal de San Juan suspendió hoy la aplicación en la provincia de la Ley de Glaciares, sancionada recientemente en el Congreso Nacional, al hacer lugar a un recurso presentado ayer por cámaras mineras y gremios del sector.
Así lo informaron este mediodía representantes de las empresas mineras locales, quienes precisaron que el juez federal Miguel Ángel Gálvez ordenó que no se aplique en territorio sanjuanino la "Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial".
El abogado de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Cámpora, reconoció que el gobernador José Luis Gioja respaldó que empresas y gremios se presentaran ante la Justicia. "Él nos pidió esto, que no lo dejáramos solo, porque entiende que éste no es un tema de la industria minera, sino de todos los sanjuaninos", señaló el abogado. La Ley de Glaciares 26.639, sancionada el pasado 20 de setiembre, quedó promulgada el jueves pasado con su publicación en el Boletín Oficial.
Los efectos. La medida cautelar suspende los efectos de la norma hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el tema de fondo y se expida sobre su supuesta inconstitucionalidad, precisó Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
Además, aseguró que su sector va a "pelear hasta las últimas consecuencias" porque considera que la Nación "no puede legislar sobre los recursos naturales, sobre los que la provincia tiene potestad absoluta".
"San Juan tiene una ley de protección de glaciares, han sido evaluados los proyectos mineros, y están todos los glaciares de San Juan relevados y en un mapa", precisó el directivo minero. En ese sentido, insistió en que la provincia ha hecho "los deberes y por lo tanto la Nación no tiene por qué legislar sobre algo que no le corresponde". Bergé dijo que ahora esperarán que la Corte Suprema defina sobre el pedido de inconstitucionalidad formulado en la presentación judicial ingresada ayer.
Reacciones. Greenpeace denunció en un comunicado que "se trata de una arbitrariedad ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial, ese es el principio constitucional de las leyes de presupuestos mínimos". Juan Carlos Villalonga, director de Campañas la filial local de la ONG, apuntó que "estos sectores se han auto incriminado, si fuese cierto que no hay impactos de sus actividades en áreas de glaciares no estarían pidiendo la suspensión de la ley".
