Con las declaraciones de dos testigos pedidos por la defensa de Lázaro Báez, uno de los implicados en el caso, se reanudará este lunes el juicio conocido como “Obra Pública”, el primero que tiene a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el banquillo de los acusados. Se trata del único de todos los debates que tiene CFK que está en desarrollo y en el caso se juzga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en favor de Báez.
El juicio se realiza frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, con una frecuencia de dos veces por semana, de forma semipresencial, por la pandemia que golpea al país. Con una perspectiva de que aún restan alrededor de 100 testimoniales, se estima que se está en la mitad del debate, que no terminaría este año. En el juicio está previsto que declaren como testigos, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros. Por el caso hay una serie de planteos realizados por la defensa de la vicepresidenta en la Corte Suprema de Justicia.
Con fuertes críticas a la gestión macrista, Alberto Fernández anunció obras para cinco provincias
El debate estuvo varios meses frenado el año pasado por el contexto impuesto por el avance del Covid y luego se reanudó vía zoom. Los fiscales de juicio son Diego Luciani y el adjunto, Sergio Mola, y las querellas la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), que estará hasta que termine la etapa de pruebas, pero no participará de las acusaciones.
Tras el receso de verano, mañana se reanudará el juicio con las testimoniales de Leonardo José Durante y Omar Elpidio Riveros, ambos pedidos por la defensa de Báez. Se trata de dos ingenieros de la Unidad de Audiroria Anterna de Vialidad, que dependía de SIGEN, que durante varios años estuvo a cargo de Alesandra “Laly” Minnicelli, esposa del ex ministro Julio De Vido, otro de los acusados en el caso.
En 2013 ambos profesionales elaboraron el informe 57/13, en el que se constataron diferentes observaciones en los distintos convenios que se hacían en comparación con otras de las provincias. Analizaron cumplimientos de convenios en distintas obras y emitieron varias observaciones, entre ellas que en Santa Cruz no se cumplian con seguimientos así como la falta de participación de los distritos que tenían que controlar. Con esos y otros puntos señalados se consignó que quienes financiaban las obras no podían controlar y ni siquiera contaban con copia autenticada de la licitación. Al tiempo que también el informe explicó que se certificaron anticipos financieros (de alrededor del 30 %) y sin embargo los trabajos no habían empezado.
Está previsto que declaren, entre otros, Alberto Fernández y Sergio Massa
El informe fue posterior a la emisión del programa Periodismo Para Todos, en el que quedaron expuestos los negocios de Báez. No constan informes previos, por lo que se cree que uno de los puntos de la defensa de Báez para convocarlos sería tratar de relativizar el informe.
Lo que pasó y lo que viene
En el debate, que comenzó en mayo de 2019, quedan aún unos 100 testigos por declarar, aunque muchos de ellos pueden ser desistidos por las partes. El juicio se realizará dos veces por semana, a jornada completa y de forma semipresencial. Eso, en ocasiones, complica las cosas ya que algunas de las declaraciones duran entre 5 y 7 horas, por zoom.
De los trece acusados en el caso son pocos los que se conectan y siguen el juicio. Entre quienes sí lo hacen está Carlos Santiago Kirchner, primo hermano del fallecido ex presidente, y exsubsecretario Coordinador de la Obra Pública.
Durante esta etapa los acusados están exceptuados de asistir y recién volverán a estar obligados a presenciarlo cuando comience la etapa de alegatos. La última vez que CFK estuvo presente en el juicio fue en diciembre de 2019, cuando declaró en indagatoria.
En lo que va del desarrollo del debate, en principio, se considera que hasta ahora la hipótesis con la que se llegó a juicio se viene corroborando. Entre otros puntos, los dueños de las empresas que fueron compradas por el grupo de Báez fueron a declarar y ratificaron sus dichos. De eso se establece que Báez las adquirió para participar sin tener competencia porque de ese modo en las licitaciones competian tres empreas suyas.
Además, no sólo Báez se hizo de toda la competencia sino que también se desprende que eso fue consentido por todos los órganos. Por otro lado, la falta de control de parte de la Inspección General de Justicia (IGJ) a Austral Construcciones se evidenció también en que no se presentaban balances y no se tomaban medidas por eso.
