El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain fue condenado ayer a cuatro años de prisión, por el desvío de 50 millones de pesos en torno de la construcción de una ruta en Río Turbio. Junto a él fueron condenadas otras cuatro personas, entre ellas el ex intendente de esa localidad santacruceña, Atanasio Pérez Osuna.
El jefe comunal es el único detenido en la causa, por la que Lascurain estuvo preso unos meses hasta ser excarcelado. Además de ese paso por prisión, Lascurain estuvo cuatro meses detenido en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, por la que también irá a juicio oral y público. Ayer, en su fallo, el Tribunal también ordenó que se restituya el dinero.
En el caso se juzgó el cobro como anticipo de 50 millones de pesos para realizar siete kilómetros de la calle, denominada Avenida de los Mineros, que uniera Río Turbio con la localidad de 28 de Noviembre. La empresa adjudicada para la obra fue Fainser, de Lascurain y presidida por Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de CFK.
El caso de Río Turbio tiene varios tramos, aunque este es el primero en juzgarse. Por el expediente principal, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue desaforado y detenido en octubre de 2017. Ese tramo, que también alcanza entre otros al ex secretario de esa cartera, Roberto Baratta, ya está en camino a juicio oral y público, pero aún sin fecha.
Condenas. Ayer, además de condenar a Lascurain y Pérez Osuna, los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 7 condenaron a la misma cantidad de tiempo al ex coordinador general del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Miguel Angel Larregina, al ex asesor Juan Vargas y al diputado provincial Horacio Mazú. Hasta que las condenas no queden firmes, ninguno de ellos irá a prisión. Y mientras que Pérez Osuna fue condenado como autor del delito, los demás recibieron la misma condena, pero bajo la acusación de ser “partícipe necesario”.
En su fallo, los jueces Germán Castelli –quien presidió el debate–, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero consideraron que existía responsabilidad penal por malversación de fondos públicos en la construcción de la “Avenida YPF”. Fueron así en una dirección similar a la fiscal del juicio, Fabiana León, quien había pedido cuatro años y medio de prisión para los acusados. Los fundamentos del fallo se conocerán el 15 de noviembre próximo.
Ayer, luego de conocerse el veredicto, hubo un fuerte malestar e indignación entre los acusados, sus abogados y familiares, que los acompañaron en la audiencia que se realizó en el Palacio de Tribunales. Según pudo saber PERFIL, las condenas serán apeladas ante la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, y órgano revisor de las decisiones de las instancias previas. “Convierten un circuito administrativo en un delito penal. Es una locura”, coincidían.
“Los cargos que ocupé fueron para servir a la gente, no para servirme. Nunca sustraje fondos de nada. Si la ruta no se hizo fue por una decisión política de este gobierno nacional, como de otras obras sobre las que el municipio tuvo que poner plata”, aseguró Pérez Osuna ante el TOF, a la hora de hacer uso de las últimas palabras, instancia previa a la lectura del fallo.
